La fiscalía de Bruselas pidió ayer que se imponga una multa de 20 millones de francos belgas (unos 82 millones de pesetas) a la empresa automovilística francesa Renault y a su presidente, Louis Schweitzer, por violación de la legislación belga en el cierre de la fábrica de la localidad de Vilvoorde, el pasado mes de julio.
El fabricante de automóviles francés está acusado de "obstrucción a la labor del comité de empresa" de Renault Vilvoorde y de no respetar los convenios colectivos belgas sobre el derecho de información de los empleados en caso de despidos colectivos. El proceso judicial se reanudó ayer en Bruselas con asistencia del presidente de la empresa. Su presencia en el proceso es "obligatoria" porque los hechos que se le imputan sobrepasan el marco de la "simple responsabilidad civil".
El cierre de la fábrica de esta multinacional automovilística francesa, la más antigua del sector de la automoción en Bélgica, que se inauguró en 1922 en unos terrenos cerca de Bruselas, fue anunciado simultáneamente a la prensa y al comité de empresa que representaba a los trabajadores.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de febrero de 1998