Carmen Calleja, diputada socialista, ha presentado una proposición no de ley "sobre medidas para garantizar la igualdad de derechos y oportunidades en el acceso de las mujeres a las Fuerzas Armadas", en la que pide que se reforme la normativa del Ministerio de Defensa para que no se pueda impedir ser soldado profesional por estar embarazada.
La iniciativa asegura que todas las causas de exclusión en el acceso a las Fuerzas Armadas, recogidas en el cuadro médico publicado en una orden ministerial de 13 de abril de 1994, "incapacitan para la función militar profesional dado su carácter de graves, crónicas, permanentes o recidivantes, no encuadrándose el embarazo en ninguna de ellas, ya que es una causa meramente temporal".
En consecuencia, propone que, cuando "dicha circunstancia temporal concurra en alguna de las solicitantes, se reservará la puntuación obtenida en las pruebas técnicas, a la espera de las pruebas de aptitud física, que deberán celebrarse en un plazo no superior a los tres meses después del parto".
La proposición se ha presentado tras la polémica provocada por el caso de la cabo Ana María Santos, cuyo contrato con el Ejército no se renovó mientras se encontraba embarazada.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 24 de febrero de 1998