La gran mayoría de quienes actualmente pertenecen a ETA ingresaron en dicha organización terrorista hace un buen número de años. Muchos de ellos llevan largo tiempo, en prisión o todavía fuera de ella, desencantados con el proceder de la banda armada y deseando abandonar el engranaje violento en que se encuentran inmersos para emprender proyectos de vida alternativos. Sin embargo, dentro de un grupo especializado en hacer de la muerte el principal argumento político es difícil que alguien llegue a poner en cuestión su propia militancia y aún más complicado salir voluntariamente del mismo. No en vano en este tipo de asociaciones secretas funcionan una serie de mecanismos que estimulan un prolongado mantenimiento del compromiso militante, adquirido en su día de acuerdo con una jerarquía personal de preferencias susceptible, eso sí, de alteraciones posteriores. Se trata de dispositivos encaminados a promover la lealtad incondicional de los activistas miembros, elevando los costes que conllevaría para estos últimos, si es que llegan a replantearse su militancia, optar por otras respuestas como la expresión del disentimiento o incluso el abandono del grupo armado.Los constreñimientos inherentes a la clandestinidad favorecen, por sí mismos, una implicación duradera de quienes se introducen en ella. De un lado, la pequeña comunidad de individuos de similar mentalidad en cuyo interior se desenvuelve el activismo terrorista tiende a saciar la necesidad de pertenencia que acucia frecuentemente a los jóvenes militantes y canaliza la satisfacción de urgencias más materiales. De otra parte, la severa reducción en los flujos de comunicación e intercambio con el exterior que supone siempre la militancia favorece una suerte de pensamiento grupal, el cual obstaculiza la reflexión individual autónoma. Este pensamiento, propiciado por los dirigentes terroristas mediante técnicas formales e informales de adoctrinamiento interno, se caracteriza típicamente por insistir en la superioridad dogmática de los objetivos proclamados, presentar una imagen maniquea de la realidad social, justificar la violencia hasta el extremo del homicidio y apelar a una ética de la convicción, propia de fanáticos, que elude responsabilidades personales. Además, si los militantes de una organización armada se encuentran procesados o condenados por las autoridades judiciales, su eventual salida del grupo armado conllevaría, en ausencia de circunstancias que modifiquen la situación, una duradera estancia en prisión o la huida a algún lugar muy distante de aquél en que, por razones afectivas o familiares, desearían residir. Finalmente, incentivos negativos como la amenaza creíble de represalias rigurosas, en forma de coacción física o sanción social, proferida tanto por el propio grupo terrorista como por sus allegados, contra quienes voceen disentimiento interno o protagonicen abandonos, operan fortaleciendo, de manera nunca desde luego absoluta, el compromiso individual.
Pese a ello, algunas circunstancias pueden facilitar que los activistas consideren su disociación de un grupo terrorista, aun cuando la pérdida del sentido de la realidad o distorsión típica del compromiso secreto y a tiempo total actúa obstaculizando el reconocimiento de eventuales fracasos o la reflexión crítica sobre el sentido de las acciones emprendidas. Entre las circunstancias que pueden desencadenar una crisis de la militancia y el posterior abandono de la práctica terrorista cabe aludir, en primer lugar, a la percepción individual de una discrepancia lo suficientemente aguda entre las condiciones políticas iniciales que motivaron el ingreso y la realidad ulterior.
En segundo lugar, a cambios en las condiciones personales, que a su vez acarrean cambios de preferencias, como, por ejemplo, una decepción con la implicación pública y el deseo de volverse hacia la vida privada. Por último, el distanciamiento personal con respecto a la organización terrorista de que se forma parte puede deberse a desacuerdos personales con el modo en que los dirigentes gestionan los asuntos internos del grupo o con las campañas de violencia que han decidido emprender.
En cualquier caso, la salida del terrorismo resultará mucho más factible una vez que se aminoran los costes que dicho abandono implica. Como ocurre, por ejemplo, cuando una organización no es capaz de aplicar penalizaciones coactivas contra quienes abandonen la disciplina o ya no desea hacerlo. Como ocurre también cuando las autoridades estatales otorgan reducciones de pena o indultos, a cambio de colaboración con la justicia, como fue el caso italiano, o de la renuncia expresa a la violencia, cual es la situación española. Si la probabilidad de éxito, siquiera relativo, de una organización terrorista es percibida como muy pequeña o inexistente, alguno de esos dos factores cruciales o la combinación de ambos bien puede llevar a una estimación negativa de los beneficios personales netos de continuar con el compromiso militante. De aquí el alcance de las medidas de reinserción actualmente vigentes en nuestro país y la conveniencia de que sean reactivadas, tras su ralentizamiento de los últimos años y con el complemento de una política penitenciaria que requiere ajustes. Tales medidas permiten todavía recuperar para una convivencia democrática a quienes, disociados del terrorismo y en la cárcel o reclamados por la justicia, perciben escasas expectativas de que ETA vaya a procurar las condiciones objetivas para el final dialogado de la violencia previsto en el Pacto de Ajuria Enea. Su progresiva integración en la sociedad, aunque se produzca con discreción, afecta de manera muy significativa la cohesión interna de ETA y de su entorno, donde por cierto es cada vez más evidente la disparidad de pareceres al respecto.
Este tipo de iniciativas, conviene recordarlo, se encuentran entre las más efectivas de cuantas, con mayor o menor visibilidad, han implementado los Gobiernos democráticos ante el desafío terrorista, pero no están exentas de posibles inconvenientes. Por ejemplo, podría aducirse que, si perduran excesivamente, pueden terminar operando más como factor que reduce el coste de ingresar en una organización terrorista que como incentivo para alejarse de su férrea disciplina interna. Aceptado el dilema en términos generales, bien es cierto que en la actualidad se encuentra aminorado por cuanto son más los que desean poner fin a su implicación en actividades violentas que los dispuestos a convertirse en nuevos terroristas. Con todo, las medidas de reinserción se encuentran, es asimismo menester reiterarlo, en los límites de las concesiones que un Gobierno como el español, libremente elegido por los ciudadanos, puede hacer en el marco de su política de seguridad. Ir más allá de ello supondría un inaceptable menoscabo para cuantos actores colectivos legales utilizan, con el fin de hacer avanzar sus demandas, los cauces constitucionalizados de representación e intercambio existentes, una quiebra del Estado de derecho y un gravísimo deterioro del orden democrático. Es decir, plantear implícita o explícitamente una negociación política entre el Gobierno y los terroristas no sólo ignora los obstáculos técnicos que implica tratar con una organización cuya lógica fundamental consiste, hoy por hoy, en perpetuarse a sí mismo. También contraviene la letra del Pacto de Ajuria Enea, resta eficacia a las vías de reinserción auspiciadas en dicho documento pacificador y, por tanto, favorece la persistencia del terrorismo.
Fernando Reinares ocupa la cátedra Jean Monnet de Estudios Europeos en la UNED.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 3 de marzo de 1998