A los dos años de su victoria electoral, el PP a conseguido un importante grado de estabilidad en su Gobierno. La bonanza económica y los buenos resultados macroeconómicos -inflación y déficit- que le permitirán a España acceder a la Unión Monetaria están en la base de la consolidación del Gobierno, de tal modo que puede permitirse el lujo de desafiar a sus socios nacionalistas catalanes y vascos, en el ecuador de la legislatura, con el anuncio del cierre de los grandes traspasos autonómicos, una vez cumplida la parte sustancial de los pactos de investidura, de abril de 1996, que le permitió gobernar.
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Esta última maniobra del Gobierno, que el PSOE sitúa en clave electoral, ha confirmado la habilidad en el regate de José María Aznar. El Gobierno sabe que sus socios nacionalistas catalanes, que le dan la mayoría, no tienen margen ni argumentos políticos, con la inminente entrada de España en la Unión Monetaria, para retirar su apoyo al Ejecutivo en estos momentos. Pero, en el caso extremo de que lo hicieran, Aznar tendría unas condiciones favorables para pedir a los electores la mayoría absoluta precisamente para evitar el chantaje nacionalista".Este regate estratégico ha confirmado, empero, la ausencia de una política clara y definida. En materia autonómica, el Ejecutivo ha funcionado en su primera etapa a impulsos de las demandas de sus socios nacionalistas, con los que, por ejemplo, pactó inicialmente el modelo de financiación autonómica, que luego trasladó e impuso a las demás comunidades. Ahora, en situación de mayor fortaleza, empieza a despuntar su programa electoral en este terreno: el final del proceso autonómico en dos legislaturas.
Su actitud tiene una explicación. El PP, al no disponer de la mayoría suficiente y verse obligado a pactar con los nacionalistas, no pudo desarrollar una parte de su programa. Por poner dos ejemplos significativos, tuvo que renunciar a introducir en el Código Penal el cumplimiento íntegro de las penas de los terroristas y la elección de los miembros del Poder Judicial por las asociaciones profesionales de magistrados.
También fue víctima de la demagogia que ejerció en su etapa de oposición, como sucedió con su cacareado ahorro con la reducción de altos cargos de la Administración, cuya imposibilidad ha tenido que admitir el Gobierno.
El terrorismo sigue siendo otra de las grandes asignaturas pendientes del Gobierno. Aunque la cifra de víctimas es reducida respecto a etapas anteriores, ETA ha abierto una fase de atentados selectivos que ha desconcertado al Gobierno. No obstante, el Ejecutivo ha mantenido, en este terreno, unos principios claros y firmes. La principal sombra ha procedido de la desunión entre todos los partidos, que ha puesto en crisis un órgano básico para la lucha antiterrorista como es la Mesa de Ajuria Enea.
Los principales problemas para el Gobierno han procedido del campo de la Justicia y de su política de comunicación. Los nombramientos en la Fiscalía General del Estado y en la Audiencia Nacional y las actuaciones de sus protagonistas han mostrado el rostro más regresivo del Gobierno. Asimismo, el intento del Ejecutivo de intervenir en los medios de comunicación ha puesto en entredicho su proclamado programa liberal de la oposición.
Su cara más positiva la ha ofrecido la situación económica. El Gobierno ha cumplido con creces los objetivos económicos fijados -en realidad, ya incluidos en la orientación de la política económica de los Gobiernos del PSOE- de forma prioritaria para entrar en la moneda única. El déficit, la inflación, la deuda pública..., metas muy lejanas cuando se sentaron los criterios de Maastricht en 1992, han sido alcanzadas o están a tiro (caso de la deuda, por encima del 60% del PIB requerido, pero con tendencia claramante descendente). La economía ha crecido más de lo previsto, alcanzando el 3,4% en 1997 tras una subida del 2,3% en 1996.
Pero el borrón de las cifras sigue estando en el paro. El llamado "año del empleo" por el Gobierno del PP no ha mejorado las estadísticas de 1996, quedando la tasa de desempleo en el 20,3% (21,8%) mientras que la creación de puestos de trabajo -371.000 empleos- se situó por debajo de los dos años anteriores (401.000 y 373.000, respectivamente), pese a que la economía creció más.
Entre tanto, este Ejecutivo se ha empeñado en sacar adelante una de las promesas de su programa electoral. Poco después de tomar el poder puso en marcha un paquete de medidas fiscales, de liberalización económica y un amplio programa de privatizaciones. Entre las primeras destaca el nuevo tratamiento de las plusvalías que pasaron a tributar a un tipo único del 20% y que la oposición calificó de "regalo" fiscal a los ricos. Las medidas liberalizadoras anunciadas (suelo, telecomunicaciones y colegios profesionales ... ) no han salido adelante todavía o lo han hecho con timidez y con modificaciones sustanciales sobre lo previsto.
La gran reforma pendiente es la del impuesto sobre la renta (IRPF) que el Gobierno se propone aprobar este año. La fiscalidad de la vivienda es un de sus aspectos más polémicos, ya que se quiere suprimir la deducción de los intereses de los créditos hipotecarios. Asimismo, está previsto bajar el tipo máximo, actualmente en el 56%, al 48% o 49%.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 3 de marzo de 1998