La Asociación Jueces para la Democracia denuncia que el nuevo juez decano de Madrid, Fernando Fernández Martín, haya suprimido "el departamento de quejas y reclamaciones" que existía para los usuarios en los juzgados antes de que accediese al cargo, el 10 de octubre de 1996. Así lo indica esta asociación en un informe en el que analiza y critica con dureza el primer año de gestión del decano al frente de los juzgados de la plaza de Castilla (lugar al que diariamente acuden unas 3.000 personas). El juez decano declinó ayer pronunciarse sobre este informe.
El cometido de la oficina de quejas (creada por la anterior juez decana, la progresista Manuela Carmena, hoy vocal del Consejo General del Poder Judicial) era "recoger e intentar solucionar las reclamaciones que los usuarios presentaban sobre el funcionamiento o trato recibido en los juzgados", afirman fuentes jurídicas.Este servicio, en cuya creación colaboró el Ministerio para las Administraciones Públicas, disponía de una oficina en la planta segunda de los juzgados. Una funcionaria, que estaba en comisión de servicio, recogía por escrito todas las reclamaciones y las trasladaba a la juez decana, que "las leía y contestaba todas", aseguran las citadas fuentes. "Los retrasos en la tramitación de asuntos y la falta de atención constituían la mayoría de las quejas", señalan estos medios.
La supresión de esta oficina se produjo poco después de la llegada de Fernández Martín -miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, de talante conservador- al decanato. Preguntado entonces al respecto, el decano negó que hubiese desaparecido este servicio. Señaló que esa labor la había asumido él "personalmente". Y agregó que ese servicio, tal como estaba concebido, "se excedía" en sus funciones y no era ni el órgano ni el cauce adecuado para investigar cuestiones relacionadas con jueces.
Tras la llegada de Fernández Martín al decanato, las quejas casi han desaparecido: la última memoria de actividades de los juzgados de la plaza de Castilla, que abarca el primer año de gestión del nuevo decano, sólo recoge la presentación de una queja, frente a las 24 que constan anteriores a su llegada.
Aparte de la supresión de la oficina de quejas -que el decano niega- la sección territorialde Madrid de Jueces para la Democracia, segunda con más afiliados en la región, denuncia también en su informe la supresión "de otros servicios orientados al público". Entre estos citan "el departamento de control de calidad" de los servicios comunes del decanato, así como los relojes que se instalaron en los accesos a los juzgados "para el control horario de los funcionarios".
Lamenta Jueces para la Democracia que "la primera actuación" de Fernández Martín nada más ser elegido decano fuese "dar cerrojazo a la revista La Balanza" [una publicación interna de los juzgados]. "Para nada se precisaba de un medio de expresión", ironiza esta asociación, "que sacase los problemas de los distintos colectivos a la luz y los diese a conocer...". El decano ha sustituido esa revista por resúmenes de prensa que se pasan a diario a los 198 juzgados unipersonales que hay en la capital.
"Juntas que no se reúnen"
Según la Asociación Jueces para la Democracia (a la que pertenece la anterior decana), "la gestión [del nuevo] se caracteriza por ser contraria a cualquier concepción de la justicia como servicio público. Los escasos intentos que se han llevado a cabo en este sentido tienen más que ver con un afán extrañamente paternalista que con la verdadera idea de servicio al ciudadano". "No es de extrañar" -afirma Jueces para la Democracia- "que cuando se pone en marcha la iniciativa de firmar un protocolo como servicio auxiliar de mediación en los procedimientos de familia, se acuda a la Universidad Pontificia de Comillas en lugar de a otro tipo de instituciones, seguramente más eficientes y asépticas".Se refiere Jueces para la Democracia a una iniciativa del decanato que consiste en remitir a psicólogos de esa universidad religiosa a las parejas que deseen separarse con vistas a evitar que éstas lleguen enfrentadas ante el juez de familia.
Para este colectivo, con todo, el aspecto más preocupante de su gestión es la desaparición de la vida democrática y de las posibilidades de control de su trabajo por las juntas de jueces". "Algunas, como la junta de jueces de lo penal, llevan casi un año sin reunirse". Y es que, "desde su nombramiento [como decano], las juntas han ido languideciendo, lo que ha permitido que decisiones importantes, como el cierre de la biblioteca por las tardes, se tomen por el decano sin previa consulta y sin la necesidad de dar [a sus colegas] posteriores explicaciones".
Jueces para la Democracia pide al decano que, antes de expresar públicamente "su particular visión" sobre materias "que no domina, como el derecho penal", consulte con sus colegas. "Olvida con demasiada facilidad que cuando actúa hacia el exterior lo hace por ser decano, y que, como tal, sus opiniones deberían sintonizar con lo acordado en las juntas de jueces, por lo que, al menos, debería reunirlas".
No comparte esta asociación, en concreto, unas recientes declaraciones del decano en las que apoyaba "la necesidad de modificar la prisión provisional para poder aplicarla a delitos de robo con fuerza en las cosas, o sobre la lenidad [blandura] del nuevo Código Penal".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 3 de marzo de 1998