La Fiscalía Anticorrupción ha apreciado indicios de un presunto delito de tráfico de influencias en la actuación del alcalde de Tarragona, el nacionalista Joan Miquel Nadal. El fiscal investiga la intervención que presuntamente hizo Nadal en favor de un amigo suyo para que la Generalitat le concediera una licencia de actividad económica.El fiscal, Carlos Jiménez Villarejo, ha informado favorablemente para que la juez instructora del caso eleve el sumario a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, ya que Nadal es aforado debido a su condición de diputado por CiU en el Congreso. La juez, Silvia Ventura, está esperando a que la Audiencia Provincial resuelva la media docena de recursos interpuestos por la defensa de Nadal antes de elevar el sumario al Supremo.
Los hechos de este caso se remontan a 1994, cuando el abogado Jordi Salvá, amigo del alcalde de Tarragona, solicitó a la Generalitat la concesión de una licencia en precario para instalar un túnel de lavado de vehículos en el barrio tarraconense de Torreforta. La petición se realizó a través de una sociedad denominada Palestra Latina, en cuyo accionariado participaba otra sociedad llamada Pronaus, fundada en un principio por el propio Joan Míquel Nadal, aunque éste vendió sus acciones a los pocos días de la constitución de la empresa.
La Comisión Provincial de Urbanismo denegó el permiso a Jordi Salvá porque los terrenos estaban afectados por la construcción de un vial. Este argumento también había sido utilizado tres años antes por la comisión para denegar el mismo permiso a otro empresario.
La carta de Nadal
Sin embargo, en el caso de Salvá, Nadal firmó una carta, redactada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, en la que se enumeraban una serie de razonamientos legales para que la Comisión de Urbanismo concediera la licencia en precario a su amigo. Nadal remitió la misiva al presidente de la comisión, Joan Llort, y a finales de 1994 Salvá recibió una licencia válida para dos años.Las licencias en precario se conceden cuando los terrenos a ocupar están afectados por un plan urbanístico o calificados de distinta manera a la actividad que se piensa instalar. Cuando el Ayuntamiento necesita los terrenos, el propietario debe abandonar la actividad sin ninguna clase de indemnización. En este caso, el permiso a precario fue renovado el pasado año por el actual concejal de urbanismo, el socialista Josep Anton Burgasé. Fuentes municipales mostraron ayer su extrañeza por la decisión de la fiscalía, ya que entienden que el alcalde actuó correctamente. Incluso la carta remitida a Urbanismo fue archivada en el expediente administrativo, de carácter público, por lo que no existió ocultación de ningún documento, apuntaron. Además, añadieron, el fiscal en sus escritos considera correcta la concesión de la licencia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 4 de abril de 1998