El general mexicano Julio César Santiago Díaz, y un soldado raso fueron detenidos por supuesta complicidad en el asesinato 45 indígenas, perpetrado el pasado 22 de diciembre en la comunidad de Acteal. El jefe castrense el primer funcionario de alto nivel que queda bajo arresto, mandaba un destacamento de cuarenta policías que pudo haber evitado los hechos al encontrarse muy cerca del lugar donde fueron cometidos. El general escuchó los disparos y se inhibió, lo que permite suponer que no sólo vivió el desarrollo de la carnicería, sino que conoció previamente el momento de su ejecución.
La detención, el jueves, coincide con el bloqueo del proceso de paz protagonizado por el Gobierno, la oposición, y la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), dirigida por el obispo de San Cristóbal de las Casas (Chiapas), Samuel Ruiz. Las instancias chocan en sus propuestas e intercambian reproches, en tanto el Ejército Zapatista de Liberación, Nacional (EZLN) calla sin atender las invitaciones al diálogo sobre derechos y culturas indígenas.La Procuraduría General de la República (PGR) capturó al general, hasta entonces prófugo, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, con cargos de homicidio y lesiones por omisión de deberes. De acuerdo con el expediente abierto en su contra, quien era jefe de Asesores de Coordinación General de Seguridad Pública del Estado de Chiapas y director de la Policía Auxiliar cuando se perpetró la bárbara agresión permitió que un grupo de civiles, adiestrado en el manejo de armas por policías y militares en servicio activo o retirados, asesinara a 45 indios tzotziles en el municipio de Chenalhó. El general conducía un pelotón de 40 policías que transitaba por el tramo Polhó-Acteal entre las 12 y las 17 horas del pasado 22 de diciembre, lapso en que se cometió el ataque contra los indígenas, agrupados en el exterior de una ermita para rezar pese a haber sido advertidos de la inminencia del asalto.
El destacamento escuchó disparos aislados y el tableteo de las metralletas y, en lugar de actuar, se escondió en una escuela para evitar ser alcanzados por las balas perdidas. "Los inculpados, además de abstenerse de intervenir, no solicitaron apoyo de los destacamentos próximos de seguridad pública conforme consta en las diligencias previas de otros elementos de esa corporación, no obstante tener la obligación de dar seguridad y protección", informa un escrito de la Procuraduría.
No sólo eso. Preguntado por sus superiores acerca de la situación en Acteal, el general respondió: "Sin novedad". La fiscalía, confirmó también que el soldado Mariano Pérez Ruiz participó en el grupo de adiestradores. "No encontrándose en servicio, dio entrenamiento en el manejo de rifles calibre 22 a sus familiares y amigos vinculados en ese mismo municipio". Paralelamente a sus remuneradas tareas de instructor ayudó en el transporte de armas de uso exclusivo del Ejército, que fueron entregadas al alcalde de Chenalhó, Jacinto Arias, quien figura en la relación de 113 personas imputadas en mayor o menor grado.
Preocupante retroceso
Y mientras la fiscalía estrecha el cerco sobre los autores materiales e intelectuales de la matanza, las discusiones políticas para solucionar pacíficamente el alzamiento zapatista de 1994 registran un preocupante retroceso. Las diferencias entre los partidos respecto al proyecto de ley gubernamental sobre derechos y culturas indígenas, fundamento de las correspondientes enmiendas constitucionales, se acentuaron. De hecho, los trabajos legislativos quedaron paralizados en el Senado después de que el opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), centroizquierda, decidiera interrumpir su participación en ellos mientras no se restablezca el diálogo entre el Ejecutivo y el EZLN. La presidencia de Ernesto Zedillo asegura haberlo intentado sin éxito; los zapatistas se remiten al contenido del texto de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), que integran todos los partidos con representación parlamentaria.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 4 de abril de 1998