,El juzgado de lo social número 7 de Málaga ha ordenado el embargo de bienes, máquinas y cuentas corrientes de las empresas propietarias de Metalsa, para hacer frente a la indemnización impuesta en febrero de 460 millones de pesetas tras conceder el autodespido a los trabajadores. La resolución, contra la que cabe recurso de reposición, incluye una finca en la capital de casi 15.000 metros cuadrados e incluso la maquinaria que los empresarios trasladaron a la factoría de Algeciras, los días previos al cierre de la fábrica malagueña. El embargo afecta a Metalgráfica Malagueña SA (Metalsa) y Seabulk Investments SA, el grupo libanés que acometió en 1994 el plan de viabilidad y cuyos incumplimientos devinieron en la pérdida del centro de trabajo en febrero. La resolución ha llegado justamente cuando CCOO y la empresa zaragozana Auximara han intensificado los contactos para la reimplantación de la metalgráfica en Málaga. Ayer, el empresario Ignacio Linares y representantes del sindicato se reunieron con el responsable del Parque Tecnológico, Felipe Romera y barajaron la posibilidad de que el nuevo proyecto se asiente en una parcela de 15.000 metros cuadrados del PTA, propiedad de la Junta y del Ayuntamiento.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 24 de abril de 1998