El Congreso aprobó ayer la ley de Cooperación, con el apoyo de PP, CiU, PNV, Coalición Canaria... y PSOE. Tras una noche de negociaciones múltiples, se acordaron 12 enmiendas transaccionales, mediante algunas de las cuales el PP cedió en puntos importantes. IU -que, con el Grupo Mixto, se opuso al texto- afirmó que ha habido "consenso político, no social". La Coordinadora de ONG de Desarrollo (CONGD) y la Plataforma del 0,7% reaccionaron con optimismo. La ley debe pasar aún por el Senado, y puede entrar en vigor antes de finales de junio.
Los puntos más criticados por la izquierda y relevantes ONG y movimientos como el 0,7% fueron objeto de transacción. Así, al artículo 3.d., que incluía entre los objetivos de la cooperación "impulsar las relaciones políticas, económicas y culturales con los países en vías de desarrollo", y en el que los antagonistas del proyecto de PP y CiU veían el peligro de manipulación gubernamental y empresarial, se añade la coda matizadora "desde la coherencia con los principios y demás objetivos de la cooperación". También el artículo 24, sobre financiación, y que era visto como sintomático de la pugna entre los ministerios de Economía y Asuntos Exteriores y como perpetuación de los créditos FAD, ahora se habla de "programas de ayuda no reembolsable" y de "especial atención a los países pobres especialmente endeudados".
En cuanto al Consejo, además de "órgano consultivo" se le califica como "de participación en la definición de la polí tica de cooperación". Y ya no se incluyen como ONG entidades "de reconocido prestigio y tradición histórica" -que igual podrían ser Cruz Roja que la Iglesia católica- y se exige que tengan "entre sus fines o como objeto expreso según sus propios estatutos" actividades "relacionadas con los principios y objetivos" de la cooperación.
Tras las votaciones -hubo casi 200 enmiendas, mayoritariamente rechazadas- Pablo Izquierdo, portavoz del PP, calificó el texto de "ejemplo para la UE" y de desarrollo "del preámbulo de la Constitución que insta a fortalecer la paz y la cooperación internacional".
Izquierdo resaltó el consenso, y el hecho de que "será el Parlamento quien decida la política de cooperación". Negó que haya una "estructura bicéfala" entre ministerios y destacó que el Consejo de Cooperación será ahora "una institución definida por ley". Izquierdo instó a las ONG a continuar "sus relvindicacio nes frente a la Administración" y aseguró al 0,7% que la ley "puede ser el instrumento para lograr ese porcentaje del PIB en el horizonte del 2000". Achacó la petición del 0,7% de suprimir los FAD a "cierta desinformación": "todo país necesita un instrumento financiero de la cooperación y, si antes los FAD no fueron siempre transparentes, ahora ese instrumento va a estar condicionado".
Socialistas e IU sugirieron reticencias ante el futuro desarrollo de los reglamentos. Y lamentaron no haber podido incluir una "cláusula democrática, para suprimir la cooperación con los Estados que no respeten los derechos humanos".
La CONGD se declaró "satisfecha con las mejoras", y reclamó una clara definición del Consejo. El 0,7% saludó "el triunfo de la sociedad y el esfuerzo de diálogo político", y prometió "vigilancia, porque antes del Senado va a haber muchas presiones de Economía".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 24 de abril de 1998