La juez de San Sebastián Victoria Cinto ordenó ayer el ingreso en prisión de Iker Fernández de Bobadilla, acusado de un supuesto delito de atentado a la autoridad por repartir octavillas en las que se proferían amenazas e insultos contra jueces, representantes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y partidos políticos. La Ertzaintza detuvo al acusado el pasado miércoles y varios testigos del suceso le han identificado en una rueda de reconocimiento como una de las personas que el 18 de abril lanzó los panfletos frente al Palacio de Justicia de San Sebastián. El arrestado negó su participación en la distribución de los pasquines y en su impresión. En los panfletos se amenazaba e insultaba a la juez de San Sebastián Belén Pérez Flecha; al presidente de la Audiencia de Bilbao, Joaquín Giménez, y al vocal del CGPJ Emilio Olabarría. Los pasquines fueron repartidos días después de algunos jueces abrieran expedientes a abogados que reclaman que el juez conozca el euskera y rechazan el sistema de traductores que se utiliza en los juzgados del País Vasco, dando lugar a la suspensión de las vistas. El detenido fue sometido ayer a una rueda de reconocimiento en la que varios agentes de la Ertzaintza, que se encontraban de servicio en la Audiencia cuando se repartieron los panfletos, le identificaron. El fiscal ha acusado a Fernández de un delito de atentado a la autoridad y solicitó su ingreso en prisión, lo que fue acordado por la juez. "Chantajes sin justificación" La junta de secretarios judiciales de San Sebastián ha rechazado las amenazas que contenían los pasquines y octavillas que se distribuyeron en la Audiencia donostiarra y destacan que las "coacciones o chantajes no tienen justificación". Y ha expresado su respaldo a las personas, que figuran citadas en el panfleto. Los pasquines fueron repartidos el 18 de abril y en ellos se tachaba de txakurra (perro) a los magistrados Belén Pérez y Joaquín Giménez y a Emilio Olabarría, por su actitud ante la utilización del euskera en la Administración de Justicia y les advertía: "Qué se larguen con su circo a España, porque aquí no les queremos y, si no, que se atengan a las consecuencias". Iker Fernández fue condenado por la Audiencia Nacional en 1996 a cuatro años de prisión por incendio y estragos y colaboración con banda armada. Además, en mayo de 1992 fue arrestado por la Guardia Civil por tenencia y transporte de artefactos explosivos e incendiarios y permaneció en prisión hasta noviembre de 1993. La reclamación iniciada en Guipúzcoa de que los juicios se celebren en euskera cuando el procesado lo demande se va extender a Vizcaya y Álava, según el Sindicato de Abogados Euskaldunes. El juez decano de Vitoria, Jaime Tapia, cree que es "difícil" aplicar en Álava la propuesta, informa Efe.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de mayo de 1998