La dirección de Izquierda Unida-Convocatoria por Andalucía (IU-CA) ha sido citada a declarar el viernes próximo en un juzgado de Sevilla por un supuesto incumplimiento de sus estatutos al tolerar que Juan Manuel Sánchez Gordillo compatibilice los cargos de concejal y alcalde del Ayuntamiento de Marinaleda y parlamentario andaluz. La denuncia fue presentada hace unos meses por Los Verdes de Andalucía que decidieron recurrir a la vía jurídica ante la imposibilidad de que los órganos internos de la coalición solucionaran por sí mismos la anomalía. Esta es la primera vez que un juez admite una denuncia para comprobar el uso de la democracia interna en un partido. Los Verdes de Andalucía acusan a la dirección de IU-CA en su demanda de protección de los derechos fundamentales de violar el de asociación política. La denuncia fue presentada ante el juzgado de guardia y luego asignada mediante reparto al juzgado número 12 de Primera Instancia de Sevilla, que ahora ha citado para testificar a la dirección de IU-CA el 22 de mayo. La mayoría de los miembros de la dirección militan en el Partido Comunista. Dimisión Durante los años que permaneció dentro de la coalición, el partido ecologista intentó forzar la dimisión de Sánchez Gordillo de algunos de los cargos que originaban la incompatibilidad, pero sus esfuerzos se vieron frenados por los órganos internos. Finalmente decidieron recurrir a los tribunales que, para sorpresa de todos, han admitido la reclamación. Los Verdes han calificado de "interesante" la admisión de la denuncia ya que abre una vía novedosa para vigilar "la vida interna y el comportamiento democrático de los partidos políticos". Hasta ahora los jueces se habían limitado a lo sumo a intervenir en casos de admisión o expulsión de militantes. La propia comparecencia de la dirección de IU-CA en un procedimiento por protección de los derechos fundamentales tampoco tiene antecedentes, según Los Verdes. "Es un simple ejemplo de cómo el Partido Comunista ha pervertido la democracia interna de IU-CA (...) Este clima de incumplimientos del programa y falta de democracia interna es el que nos obligó a Los Verdes y a otras personas a romper" con la coalición, explican. Esta no es la única demanda judicial que ocasionó la ruptura. Los Verdes presentaron otra ante la Audiencia Nacional para impedir que la coalición continúe usando sus siglas y su anagrama una vez consumado el divorcio político. Otro juzgado tramita una tercera demanda por aprobación indebida en la que Los Verdes reclaman más de seis millones a sus antiguos socios, además de los ingresos electorales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 19 de mayo de 1998