Un grupo de cooperativistas de la Caja Rural de Granada ha presentado ante un juzgado de la capital una denuncia contra los distintos órganos de dirección de la entidad por impedirles concurrir a las elecciones para designar a los miembros del consejo rector. Los demandantes, encabezados por Juan Antonio Gil Sánchez, pretenden impugnar también los acuerdos de las asambleas generales donde fueron aprobados los estatutos sociales, ya que, a su entender, su contenido "sugiere amplias dudas sobre el funcionamiento democrático". Los miembros del consejo rector saliente fueron los únicos autorizados a concurrir a la elección. La demanda, que ha sido admitida a trámite pero que aún no ha sido notificada a la Caja Rural, fue presentada el pasado 3 de abril, después de que la candidatura encabezada por Gil Sánchez perdiera cualquier posibilidad de participar en el proceso de renovación del consejo rector. El grupo denunciante cree que los órganos de la caja les impidió concurrir "en condiciones de igualdad y sin discriminación" al proceso de elección del consejo, en contra de lo establecido en la Constitución, en el reglamento de cooperativas y en los propios estatutos de la entidad de crédito. Los acuerdos impugnados conciernen al comportamiento del consejo rector en el proceso electoral y al nombramiento de los interventores. A las elecciones, celebradas el pasado 18 de marzo, sólo se pudo presentar el consejo saliente de acuerdo con las bases de admisión de candidaturas. Los denunciantes también quieren impugnar la convocatoria de la asamblea general que eligió al consejo, ya que, a su juicio, no se cumplieron los plazos ni se identificaron convenientemente las firmas de los socios.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 19 de mayo de 1998