La empresa pública Adigsa, dependiente de la Generalitat, ha descubierto en Tarragona la venta ilegal de pisos de protección oficial por empresas inmobiliarias y particulares. El presunto fraude se descubrió a partir de anuncios inmobiliarios publicados en diversos medios de comunicación en los que se ofrecían viviendas oficiales con la calificación de promoción pública. Los pisos están en los barrios de Sant Josep Obrer de Reus, Camp Clar de Tarragona y en la población de Constantí.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 19 de mayo de 1998