La Mesa del Guadalhorce advirtió ayer que las obras de encauzamiento del río están desecando las lagunas de la desembocadura -declarada paraje natural en 1989 por la riqueza de su fauna y su flora- ya que han bajado de nivel entre uno y dos metros. La coordinadora achaca el descenso a que los trabajos iniciados hace seis meses han enterrado los meandros que aportaban agua a las marismas y a que las excavaciones para abrir el brazo izquierdo, al estar más bajas, drenan las lagunas.
Para la Mesa, la situación es grave porque al ser zonas de baja profundidad, la pérdida de nivel dificulta la vida de las especies que habitan el paraje. Y, además, porque el verano agudiza el problema. La organización no quiere que en el Guadalhorce pase como en Aznalcóllar, donde las denuncias ecologistas cayeron en saco roto. Para presionar a las administraciones, ha elaborado un informe que cierra con los nombres de todas las personas que intervienen en el proyecto. El documento será pasado por un notario para que, ante un hipotético accidente, quede constancia de quiénes son los responsables "técnicos y políticos" de los daños. La coordinadora -que defiende una alternativa menos agresiva basada en la reforestación y en la regulación de uno de los afluentes del Guadalhorce mediante la presa de Casasola- sostiene que las administraciones están vulnerando las leyes de protección ambiental y de procedimiento administrativo. La primera, porque sin ni siquiera licencia de obras, han metido maquinaria pesada en un paraje protegido. La segunda, porque se escatima información a instituciones y colectivos interesados en fiscalizar el desarrollo del proyecto. La Mesa insistió en que el encauzamiento no responde al objetivo de proteger el paraje y evitar las inundaciones, sino "al interés especulativo de construir a tope en las márgenes del río", en una zona codiciada por su proximidad con el mar.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de mayo de 1998