El proyecto de ley de contratos de las administraciones públicas no es de recibo, advirtió ayer Rafael Romero, presidente de la Cámara de Contratistas de Obras de Catalunya (CCOC). El texto, que el Gobierno aprobará, previsiblemente, antes de vacaciones, pretende regular relaciones privadas (plazos de pago de los contratistas a sus proveedores) y no soluciona los problemas de morosidad sistemática de las administraciones. Romero recordó que la deuda de las administraciones catalanas con los contratistas es de 140.000 millones de pesetas, 100.000 millones fuera de plazo, ya que la ley obliga a abonar estas deudas en 60 días. Estas cifras se refieren sólo a las administraciones catalanas (locales y autonómicas), ya que la central paga el 90% de sus encargos dentro del plazo legal, salvo que haya incidencias, dijo Romero. La Cámara reclama que se abonen los intereses de demora de forma automática y que se haga pública la deuda aplazada de cada administración, ya que, de hecho, cada obra tiene su partida y si no se paga es consecuencia de mala administración, afirmó el presidente de la CCOC. Romero pidió que las administraciones morosas afloren la deuda real y recurran a la financiación para efectuar los pagos. Romero también reclamó la creación de un comité de arbitraje que evite los constantes recursos contenciosos. La dilación en los fallos de estos tribunales (varios años en el mejor de los casos) hacen inútiles las reclamaciones por los defectos de las administraciones, lo que, en el fondo, afirmó Romero, permite el "abuso" de algunos gobernantes, conscientes de que, cuando se produzca el fallo judicial, ya no habrá forma alguna de corregir el desaguisado.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 15 de julio de 1998