La comisión ejecutiva de la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo, que engloba a un centenar de entidades, manifestó ayer en Alicante su preocupación por la reducción de inversiones que prevé el nuevo Plan de Vivienda que el Gobierno central ultima con las comunidades autónomas. Para estas entidades, el recorte presupuestario afectará principalmente a los más desfavorecidos, ya que incide especialmente sobre las viviendas de protección en alquiler y en la gestión del suelo. El presidente de la asociación, Antonio Portillo, señaló que el Ministerio de Fomento "debería realizar un esfuerzo para favorecer las figuras que benefician a los más necesitados, aunque esos capítulos sean los más costosos para la Administración". Portillo precisó que los promotores públicos han solicitado a la Administración una moratoria de la entrada en vigor de Ley de Infraestructuras en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, y que está previsto que se aplique a todas las viviendas que construyan a partir de noviembre.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 15 de julio de 1998