Si existe una actividad pública que se encuentre siempre en el punto de mira de los burócratas, políticos, empresarios y especuladores, ésa es el urbanismo y la construcción. La tradicional política regulatoria urbanística española ha llevado a una situación dantesca a muchas de las instituciones, que terminan por ser presa de las ingentes cantidades de dinero que se generan. Dos ejemplos bastarán para ilustrar el comentario. El advenimiento de Gil a la política ha demostrado lo que no debe ser la política presupuestaria local. Desde un principio, Gil percibió el Ayuntamiento de Marbella como una empresa promotora, comenzó las recalificaciones indiscriminadas y con el dinero obtenido afrontó multitud de gastos. Eso sí, se olvidó de que las necesidades de servicios públicos crecen más que proporcionalmente con el crecimiento de la ciudad, con lo que se vio obligado a financiar dichos servicios con los ingresos extraordinarios que se obtienen de la construcción. Con ello ha introducido el presupuesto en una espiral infernal de huida hacia adelante, que obliga a recalificar sistemáticamente el suelo para poder seguir pagando el gasto corriente y no caer en una quiebra técnica y en una hipoteca presupuestaria que durará decenas de años. El problema es que este final es inevitable y más desastroso cuanto más tiempo se tarde en acabar con la mencionada política. Otro ejemplo : el que está a punto de ocurrir en Sevilla, donde la GMU va a crear la llamada "inspección técnica de viviendas". Recientemente, una vivienda se derrumbó provocando un accidente mortal y a los gestores municipales no se les ha ocurrido otra brillante idea que obligar a los sevillanos a pagar cada cierto tiempo a un arquitecto para que certifique el estado de las viviendas. Ello va a generar una cantidad ingente de ingresos para los profesionales y obligará a multiplicar la plantilla y los presupuestos de la GMU, ya deficitarios desde hace años. Todo un negocio privado, aunque nefasto para el Ayuntamiento, que por desgracia no evitará los accidentes, porque el problema no es detectar las deficiencias, sino realizar los desalojos y realojos que éstas ocasionan.LUIS ÁNGEL HIERRO
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 31 de agosto de 1998