Los profesores de religión de las escuelas públicas de las provincias de Barcelona y Lleida han conseguido que un Tribunal de lo Social equipare prácticamente su situación laboral y económica con los profesores interinos del departamento de Enseñanza y obligue a la Generalitat, competente en materia educativa, a hacerles contratos laborales.La resolución obliga asimismo al Gobierno catalán a darles de alta en la Seguridad Social en régimen general y no como autónomos y a pagar las diferencias de salario reclamadas. El alta en la Seguridad Social contará como si hubieran cotizado desde el primer día de trabajo. Los mismos recursos que han dado lugar a estas sentencias se están desarrollando en Tarragona y Girona.
Para Maria Dolors Farriol, presidenta de la Asociación de Profesores de Religión de Cataluña, que agrupa a unos 700 miembros, la sentencia supone el "inicio del camino para rectificar la injusta discriminación de que hemos sido objeto". El recurso se interpuso también contra el Ministerio de Educación y Cultura, la tesorería de la Seguridad Social, la Conferencia Episcopal y los obispados de Barcelona y Vic, que han sido absueltos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 29 de septiembre de 1998