La Comisión Europea decidió ayer tomar medidas contra España por incumplir la legislación comunitaria en el ámbito social. En concreto, Bruselas ha incoado un doble procedimiento contra las autoridades españolas en relación a los descuentos concedidos por Renfe a las familias numerosas y al acceso de los ciudadanos comunitarios a los empleos en la Administración pública.
En el caso de la compañía ferroviaria, el procedimiento obedece a que los descuentos no son ofrecidos a las familias de los trabajadores residentes en otros países de la UE. Bruselas considera también que el marco jurídico español impide a los ciudadanos comunitarios de los demás Estados miembros trabajar en la mayoría de los sectores de la Administración pública. Este hecho fue denunciado en 1997.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 13 de octubre de 1998