El Departamento de Sanidad rebatió ayer las acusaciones de SOS Racismo, que ha llevado ante el Tribunal Constitucional el derecho de los inmigrantes ilegales en el País Vasco a recibir una completa asistencia sanitaria. La consejeria que dirige Iñaki Azkuna niega haber recibido "presiones del Ministerio de Interior" para dejar de dar tarjetas a los inmigrantes indocumentados, como aseguró la asociación. "Ni la legislación ni la jurisprudencia admiten que se expida una tarjeta a nombre de un inmigrante ilegal, ni aquí ni en ninguna otra parte del Estado", asegura en una notar difundida ayer Juan María Fernández de Gamarra, director de Aseguramiento y Contratación Sanitaria del Gobierno vasco. Fernández de Gamarra sostiene que cualquier persona tiene derecho a ser atendido en caso de urgencia, "aunque en determinadas circunstancias, pudiera estar obligado a satisfacer algún tipo de pago". Los extranjeros sin permiso de residencia y, por tanto, sin derecho a la atención sanitaria primaria, "disponen de servicios atendidos por varias ONG" y por el hospital San Juan de Dios de Santurzi (Vizcaya), que ha firmado un convenio para atender a personas sin recursos y sin cobertura sanitaria, asegura el responsable de Sanidad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de octubre de 1998