El severo programa de ajuste anunciado el pasado miércoles por el Gobierno brasileño ha sido acogido en el país con desconfianza en los mercados y protestas crecientes. El Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que debe autorizar un apoyo a Brasil de 4,2 billones de pesetas (30.000 millones de pesetas) podría retrasar hasta la próxima semana la aprobación de esos fondos.Para asegurar el vital apoyo del FMI, una delegación del Gobierno, encabezada por el secretario de Política Económica, Amaury Bier, y por el directivo del Banco central de Brasil Altamir Lopes, viajó ayer a Washington para explicar el contenido del programa de ajuste, que trata de ahorrar más de tres billones de pesetas. El Gobierno descartó ayer la posibilidad de devaluar la moneda local, el real, informa Carmen Jiménez.
Como muestra de desconfianza, las Bolsas de Río de Janeiro y de São Paulo, que dudan de la aplicación real del plan, cayeron el jueves en torno al 4%, mientras en el Congreso se discutían las medidas.
Empresarios, sindicatos y la mayoría de las fuerzas políticas critican el plan de ajuste, al que se oponen declaradamente los gobernadores electos de los Estados de Río Grande do Sul, Mato Grosso, Río de Janeiro, Alagoas, Acre y Amapá. Como ejemplo de la delicada situación por la que atraviesa la economía brasileña, el presidente del Sindicato de las Industrias de Componentes del Automóvil, Paulo Butori, aseguró ayer que al menos 30.000 empleados podrían perder su puesto de trabajo hasta marzo de 1999.
Entre septiembre y noviembre de este año se han producido 6.000 depidos, lo que supone un 3,3% de los empleados del sector.
Otro efecto de la crisis es el aplazamiento de la privatización de varias empresas de telefonía fija. El Gobierno esperaba recaudar en la operación más de 250.000 millones de pesetas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 31 de octubre de 1998