Los ocho meses de negociación entre Carlos Aragonés y José Enrique Serrano, jefes de gabinete del presidente del Gobierno y del secretario general del PSOE, respectivamente, para la renovación parcial del Tribunal Constitucional, fueron el prólogo de una ruptura que hará al Senado "partir de cero", como dice el portavoz del PSOE en esa Cámara, Juan José Laborda. Según los socialistas, el PP quiere cambiar incluso a sus dos candidatos.Tras la primera etapa para definir los perfiles de los juristas a proponer -en especial "no demasiado autonomistas ni demasiado jóvenes"-, se pasó a una segunda en la que el PP planteó, según los socialistas, un candidato para presidente del Tribunal: Francisco Rubio Llorente y, después, Landelino Lavilla. El PSOE asegura que no aceptó.
Una tercera fase, ya hacia el mes de mayo, se centró en los candidatos. Vetados Andrés de la Oliva por el PSOE y Pascual Sala por el PP, el partido del Gobierno aceptó como candidata socialista a la administrativista María Emilia Casas. El PSOE aceptó al candidato del PP, Sebastián Martín-Retortillo, si bien la renuncia de éste dejó paso a otro administrativista: Fernando Garrido Falla.
La muerte del magistrado Enrique Ruiz-Vadillo, el 16 de mayo, y la cobertura de su vacante por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), incidió en la negociación política. Uno de los candidatos del PP, el magistrado de carrera Vicente Conde Martín de Hijas, fue rechazado por el CGPJ, que eligió al también magistrado Pablo Cachón. El PP repescó a Conde, y el PSOE lo aceptó.
El problema se centró finalmente en el candidato de consenso. Se acordó que un negociador ofreciera una lista para que el otro aceptara uno de los candidatos que figuraban en ella. Rechazados por el PP todos los ofecidos por el PSOE, los socialistas descartaron los del PP. El último fue Manuel Fraile Crivillés.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 31 de octubre de 1998