"El 30 de octubre quedará registrado en la historia de la humanidad. Un tribunal español ha tenido el privilegio de dar una señal al mundo: los pueblos van a poder vivir más tranquilos y con mayor seguridad. Al mismo tiempo, es un mal día para los dictadores y los gorilas que se escudan en la supuesta soberanía nacional para quedar impunes de sus crímenes". Con estas palabras acogió el fallo de la Justicia española Héctor Salazar, uno de los 35 abogados chilenos firmantes de una declaración sobre el caso Pinochet.Pamela Pereira, abogada de la familia del general Carlos Prats, ex-comandante en jefe del Ejército chileno asesinado en Buenos Aires por agentes de la policía política de la dictadura, apuntó que cualquiera que sea el desenlace del recurso ante la Cámara de los Lores británica, "Pinochet tendrá que responder a la petición de extradición, esté donde esté, aunque sea en Chile".
La declaración firmada por los letrados chilenos critica las gestiones del Gobierno chileno "tendentes a garantizar la impunidad" de Pinochet y rebate el argumento del principio de territorialidad esgrimido por las autoridades de Chile: "Es sabido que todas las legislaciones del mundo contienen normas de extraterritorialidad penal, como ocurre en Chile con numerosas disposiciones de Código Penal, del Código de Justicia Militar, y otros textos legales".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 31 de octubre de 1998