La Fiscalía del Tribunal Constitucional considera que aún no se han agotado las vías para solucionar el caso de la niña a la que la Justicia quiere sacar de la familia que la acoge y devolverla a sus padres adoptivos y decidió ayer rechazar la petición del fiscal general de Sevilla, Alfredo Flores, para que se iniciara un recurso de amparo. Flores subrayó ayer en Radio Nacional que en este caso colisionan dos derechos: el de la familia adoptiva, residente en Bormujos (Sevilla), y el de la menor de 12 años, que desea quedarse con la familia que la acoge en Benamaurel (Granada).La propia ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, ofreció ayer su apoyo a la fiscalía sevillana y dijo que prefería no comentar las decisiones judiciales, pero calificó de "adecuado" el recurso.
Por su parte, el presidente andaluz, Manuel Chaves, pidió a los jueces que tuvieran en cuenta la opinión de la niña.
Asuntos Sociales de la Junta y la propia Audiencia de Sevilla están trabajando para que el caso quede "parado" y se reabra con la declaración de la menor, que lleva desde los seis años en medio de una batalla legal por su custodia y ha vivido en cinco familias y se ha llamado Ágata ( por la madre biológica), María Ángeles (padres adoptivos), Rocío y, en la actualidad, Ana.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 2 de diciembre de 1998