Casi la mitad de los abogados personados en el macrojuicio del caso Intelhorce, en el que se deben esclarecer las presuntas irregularidades en la privatización y posterior gestión de la fábrica textil malagueña, entiende que la sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga debe inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, al considerar que los hechos que se juzgan no sólo se cometieron en Málaga. En este sentido, recuerdan que tanto las operaciones que se realizaron para que el empresario italiano Giovanni Orefici comprase la fábrica, como la firma del acuerdo, se realizaron en Madrid.El proceso, después de tres semanas paralizado porque la sala tuvo que ser utilizada para un juicio con jurado, entró ayer en el debate de las cuestiones previas. Junto a la competencia de juzgar el caso, algunos letrados han vuelto a plantear que la incomparecencia de José Manuel Muñiz, ex administrador de la fábrica y uno de los principales acusados, puede vulnerar derechos fundamentales y crear indefensión entre algunos de sus patrocinados.
La sala decidió que la fase de lectura de los informes de las partes se realizara sin la asistencia de Muñiz, aquejado de una embolia cerebral, y pospuso hasta esta nueva fase procesal emitir un pronunciamiento sobre la posible indefensión de otros acusados.
Otra de las cuestiones a dilucidar es la posible prescripción de algunos de los delitos, ya que el juez inició la instrucción en noviembre de 1994, más de cinco años después de que se privatizara la fábrica.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de diciembre de 1998