La fiscal jefe en funciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, María Angeles Montes, ha abierto diligencias sobre las amenazas y coacciones a cargos electos del PP vasco por parte de colectivos vinculados al entorno de HB. Para ello ha ordenado a la Ertzaintza, en funciones de policía judicial, que investigue y estas acciones e identifique a sus responsables.La iniciativa se produce a instancia del delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, quien puso en su conocimiento la situación que están sufriendo los cargos electos del PP: remisión de cartas, concentraciones ante las puertas de sus domicilios y colocación de pancartas y pasquines en los que se les hace responsables de delitos o de la política de dispersión de los presos etarras y se insinúan posibles "consecuencias". En la resolución de la Fiscalía se citan los casos de la parlamentaria María José Usandizaga, de las concejales Ascensión Pastor y Dolores Ciordia y del edil Victorio Fernández.
La Fiscalía advierte asimismo que estas conductas "podrían incardinarse en la política de constante amenaza y coacción llevada a cabo por el colectivo [de familiares de presos] Senideak, habiendo sido visto alguno de sus miembros portando pancartas del contenido señalado".
Por otro lado, ayer recibieron el alta las dos personas que fueron hospitalizadas el pasado jueves tras el ataque con material incendiario dirigido contra la vivienda de un guardia civil de Pamplona.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de diciembre de 1998