La decisión de un juez de Caminha (Portugal) de no encarcelar a tres de los implicados en el secuestro del hijo de un empresario de Cambados (Pontevedra) ha indignado a las policías española y portuguesa, que lo liberaron el pasado martes en una operación conjunta. Uno de ellos, Francisco Fernández Silva, Nisco, padre del cabecilla de la banda, Antolín Fernández Pajuelo, fue detenido en "flagrante delito", según los agentes, cuando custodiaba al joven en una vivienda de Caminha en la que se requisaron además dos armas de fuego.
La prensa portuguesa cargaba ayer las tintas contra el juez Narciso Rodrigues por una decisión que también ha causado estupefacción en medios jurídicos del país vecino. El magistrado dejó en libertad sin cargos a Jorge Alvarez López, vecino de A Coruña, e impuso fianzas de 600.000 escudos (unas 470.000 pesetas), a pagar en el plazo de quince días, al citado Fernández Silva y al ciudadano colombiano Néstor Rodríguez Ruso. A ambos se prohibió abandonar sus domicilios, radicados en la localidad pontevedresa de A Guarda, lo que, en el caso del colombiano, suscita dudas en Portugal de que la justicia de este país pueda hacerle comparecer en las diligencias una vez esté en España.Además, en medios jurídicos portugueses ha sorprendido que dado que el secuestro duró más de 48 horas podría dar lugar a una pena de dos a 10 años de prisión, "uno de los presupuestos para la imposición de la prisión preventiva".
La banda dirigida por Fernández Pajuelo secuestró el pasado sábado en Cambados a José Luis Gómez Cores, de 20 años, hijo de un empresario de la construcción.
El joven fue liberado el martes por las policías española y portuguesa, después de que el propio secuestrado pudiera poner a las fuerzas de seguridad sobre su pista a través de un teléfono móvil que llevaba en el bolsillo del pantalón. Fuentes policiales españolas aseguraron que las pruebas contra los detenidos eran muy consistentes, entre ellas vídeos y fotografías de un encuentro que celebraron los delincuentes en Cascais, cerca de Lisboa, con la madre y un tío de Gómez Cores para negociar las condiciones del rescate. A esto se une el hecho de que el padre del cabecilla de la banda fuera detenido en "flagrante delito" cuando custodiaba al joven secuestrado e, incluso, según relató al diario Jornal de Noticias uno de los policías que participaron en la operación, "intentó impedir la liberación" de Gómez Cores.
En Portugal, los medios informativos también criticaron ayer con dureza que Fernández Pajuelo fuese ingresado en la cárcel de Monçao, considerada de muy poca seguridad. Además del cabecilla de la banda, en España fueron detenidas y enviadas a prisión por la juez de Cambados María Frieira otras dos personas presuntamente relacionadas con los hechos, Gerardo Millán Gondar, vecino de O Grove, y Carlos Olarreta Carballa, de Poio.
En relación a este caso, el rotativo Diario 16 publicó ayer la copia de un contrato privado, con fecha de 1995, mediante el cual Fernández Pajuelo se compromete a entregar 22 millones de pesetas a José Luis Martínez, alcalde popular de O Rosal (Pontevedra). La esposa de Martínez aseguró a la cadena SER que el dinero procedía de una nave que su marido vendió a Fernández Pajuelo, en busca y captura desde 1992. Por otra parte, el presunto narcotraficante Laureano Oubiña salió anoche de la cárcel madrileña de Soto del Real, en la que permanecía desde hace 17 meses en prisión preventiva por su supuesta relación con un alijo de hachís, tras hacer efectiva la fianza de 15 millones de pesetas que le había impuesto la Audiencia Nacional.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de diciembre de 1998