EL TRIBUNAL Supremo se ha declarado competente para la instrucción y enjuiciamiento del caso Zamora -supuesta trama de financiación ilegal del PP- y ha admitido a trámite la querella presentada por los socialistas. Se investigarán supuestos delitos de prevaricación, cohecho y usurpación de funciones. La presencia de dos aforados -un diputado y un senador- entre las personas denunciadas justifica la competencia del Supremo.El tribunal considera que la querella cuenta con el aval de la denuncia presentada anteriormente por el ministerio fiscal, en la que se habla de una práctica habitual de adjudicación de obras al margen de las normas establecidas y en beneficio de determinadas ofertas. Eso fue lo que en su día denunció públicamente un presidente de la Diputación en el marco de una batalla interna entre diversos sectores del PP zamorano. Ese partido contaba ya en su historial con episodios como la presunta compra -por 20 millones de pesetas- del voto de un tránsfuga del PSOE para asegurar la presidencia de la Diputación al candidato del PP.
Como siempre que aflora un caso de este tipo -con independencia del partido afectado-, la primera reacción de los acusados fue de dignidad ofendida. Anunciaron querellas contra los acusadores y una investigación interna. La comisión nombrada al efecto -con mayoría del PP- dictaminó en seis líneas que no había encontrado ningún indicio de irregularidad o delito. El Tribunal Supremo cree justamente lo contrario.
El pasado miércoles, y a propósito de una pregunta parlamentaria sobre otro oscuro asunto -la concesión de una subvención a un ex consejero de Aznar en Castilla y León condenado por prevaricación-, el presidente del Gobierno calificó de "temerario" que le preguntase por ese asunto un partido como el PSOE, "manantial inagotable de corrupción". Aznar también era presidente regional cuando se produjeron los episodios que ahora investigará el Supremo. Al saltar el caso Zamora -en febrero de 1997-, Aznar consideró poco serio que se le inquiriese por este asunto, pese a haber sido señalado por uno de los constructores. Tal vez le asista la razón, pero la última palabra la tiene ahora el Supremo, una vez aceptada una querella con la que el PSOE no hace más que seguir los pasos trazados por el PP en tiempos bien recientes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de diciembre de 1998