La Junta de Andalucía retó ayer al Gobierno a acudir al Tribunal Constitucional si cree ilegal la subida en la comunidad de las pensiones no contributivas y asistenciales por encima de las del resto del Estado. El ministro de Trabajo, Javier Arenas, acusó al presidente andaluz, Manuel Chaves, de electoralismo, irresponsabilidad y de romper el Pacto de Toledo. También el PNV criticó la medida.
Los dos decretos aprobados por la Junta andaluza recogen que para 1999 las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas -que reciben aquellos ciudadanos que no han cotizado a la Seguridad Social- aumentarán un 1,8%, lo que, sumado al otro 1,8% determinado por la Administración central para todas las comunidades, supone un aumento global del 3,6%. La ayuda adicional se abonará en una sola paga de 9.395 pesetas.Las pensiones asistenciales -las recogidas en el Fondo de Asistencia Social (FAS) y Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI)- se incrementarán en un 5,5% sobre el complemento establecido ya por la Junta en años anteriores. Estas pensiones estaban congeladas desde 1992 y no han experimentado aumentos desde entonces, salvó en Andalucía. En términos relativos, significa que los beneficiarios andaluces recibirán un 14,6% más que los del resto de España: 51.000 pesetas anuales.
La medida, conocida como el pensionazo, ha suscitado el rechazo del ministro de Trabajo, Javier Arenas, también presidente del PP de Andalucía. Arenas acusó ayer al presidente autonómico Manuel Chaves de buscar votos y de romper el Pacto de Toledo, al tiempo que minimizó la cuantía de la subida.Chaves, por su parte, se mostró partidario de revisar el Pacto de Toledo para acercar el salario mínimo a las pensiones mínimas -también las contributivas-, y recordó que los decretos de su Gabinete son "escrupulosamente legales", ya que la Junta andaluza tiene transferidas las competencias de asuntos sociales.
El presidente andaluz añadió que las pensiones que gestiona la Junta no se nutren de la caja única de la Seguridad Social: "Si fuera así, al Gobierno no le quedaría otro remedio que interponer un recurso de inconstitucionalidad". El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, retó a la Administración central a que lo haga si cree que las subidas son ilegales.
El diputado del PNV en el Congreso, Jon Zabalía, se sumó ayer a las críticas contra la Junta y contra su presidente al asegurar que la subida de pensiones aprobada en la comunidad andaluza resulta "una incongruencia", porque, según explicó, "los socialistas han recurrido medidas parecidas en la comunidad autónoma vasca". Zabalía precisó, no obstante, que a su partido le parece bien "la capacidad soberana de redistribuir el gasto social".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 31 de diciembre de 1998