La Sala Primera del Tribunal Supremo ha condenado a la Junta de Andalucía y al titular de la mina Minerva, en Villatorres (Jaén), a pagar 60 millones por la muerte de un trabajador en las mencionadas instalaciones. La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por la Junta contra las sentencias de un juzgado penal y de la Audiencia de Jaén, que condenaron en primera instancia y en apelación, respectivamente, a la Junta y a Ramón A.Z., titular de la empresa, al pago de 20 millones para la viuda del fallecido y diez para cada uno de sus cuatro hijos. Los hechos tuvieron lugar el 21 de junio de 1988 en la mina Minerva, ubicada en Villatorrer (Jaén), donde el minero Felipe G. M. falleció a causa de un desprendimiento de rocas, con arrastre del material del cielo de la galería. El fallo del Supremo considera que la Administración autonómica conocía desde hace tiempo el "peligro" de la explotación y las deficientes condiciones de seguridad de la mina, dado que el obligado Plan de Labores no se había presentado desde 1986. A pesar de ello, la Junta autorizó que se llevaran a cabo trabajos en su interior, y aún conociendo las carencias de medios de ventilación de la mina, "consintió y permitió que se llevaran a cabo actividades", precisa. En este sentido, la sentencia señala que sobre las labores que se desarrollaban en la mina la Junta no ejerció "ninguna actividad demostrada del obligado y necesario control y vigilancia", que se presentaba "no sólo necesaria sino inevitable dadas las deficientes condiciones de la mina". El peligro se incrementó y de potencial existente pasó a ser "peligro efectivo y realizado con consecuencias trágicas irreparables, cuando reglamentariamente podía haberse decretado la suspensión de todas las labores".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 17 de enero de 1999