Javier Retegui, anterior consejero de Industria, Agricultura y Pesca, concedió a dedo subvenciones a cooperativas agrícolas y ganaderas durante 1994 y 1995, según un informe del Tribunal Vasco de Cuentas, que asegura que su departamento, ahora desgajado en dos, cometió una decena de irregularidades en la concesión de ayudas. El tribunal ha desestimado las alegaciones del Gobierno vasco y se reafirma en la falta de criterios para conceder las subvenciones y casos donde no se justifican gastos.
El informe se realizó como respuesta a una petición del Parlamento vasco en 1996 para revisar las subvenciones concedidas durante los dos años anteriores. Las conclusiones sólo tienen carácter informativo, puesto que el Tribunal de Cuentas, dependiente del propio Parlamento, carece de competencias sancionadoras. Antes de emitirlo, el tribunal ha atendido las alegaciones del antiguo departamento de Industria, Agricultura y Pesca, ahora separado en dos consejerías diferentes. No obstante, el texto definitivo mantiene que el departamento del peneuvista Javier Retegui cometió faltas graves. Durante el periodo inspeccionado, se repartieron en el sector agroalimentario más de 6.000 millones de pesetas en ayudas, de los que las cooperativas agrícolas recibieron 258 millones, y las ganaderas, 143. Sólo en ese apartado el tribunal ha apreciado diez "deficiencias". La Dirección de Política e Industria Agroalimentaria era la encargada de repartir las subvenciones. Su responsable entre 1994 y 1998 fue Germán Muruamendiaraz, ahora gerente del lábel vasco de calidad alimentaria, Kalitatea. Sin pautas objetivas La lista de irregularidades comienza por la falta de pautas objetivas para establecer las subvenciones a que tiene derecho cada cooperativa. Así pues, se deja "su determinación a criterios internos del organismo que las concede", según indica el informe. Se añade además la ausencia de "mecanismos de control" que puedan comprobar casos en que una empresa reciba ayudas de varias administraciones públicas al mismo tiempo. "Falta", añade el informe, "un plan de actuación que señale prioridades en las ayudas y que tenga en cuenta los fondos comunitarios y las ayudas de las diputaciones". Respecto a casos concretos, se observan 16 proyectos, por un importe de 90 millones, en que "no se respetó el ámbito temporal de las ayudas". En otos cuatro expedientes se pagaron casi diez millones "sin estar suficientemente justificados". En otro más se abonó el importe total previsto aunque sólo se había demostrado un gasto inferior a un millón. Además, el Tribunal de Cuentas apunta el caso de la cooperativa Aberena, que percibió 134 millones en ayudas "de modo directo y sin proceso concurrencial previo". Desde el Departamento de Agricultura se pidió ayer mayor tiempo para analizar el informe. En cualquier caso, un portavoz de la consejería mostró su "disconformidad con la afirmación de que existieron deficiencias" y añadió que las ayudas se ajustaron a la legalidad vigente entonces, que posteriormente fue modificada.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de enero de 1999