El consejo de gobierno de la Diputación de Álava aprobó ayer el sistema de valoración de puestos y las retribuciones para los 800 trabajadores de su plantilla. La normativa supone que por fin se aplicará la Ley Vasca de Función Pública, aprobada en 1989. Las otras dos diputaciones dieron este paso a principios de esta década (en Vizcaya, en 1990, y en Guipúzcoa, en 1992). La Administración foral alavesa se regía hasta el momento por diferentes decretos para regular la escala de valoración y los sueldos de sus funcionarios, pero por una norma de superior rango, como debía. El equipo dirigido por Félix Ormazabal (PNV) admitió ayer la "alegalidad" con que se ha funcionado hasta el momento, y que había motivado distintas resoluciones del Tribunal Vasco de Cuentas y de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia para que la Diputación se ajustara al régimen jurídico legal. A la aprobación de la normativa se debe añadir ahora un pacto con los sindicatos representados en la Diputación para aplicar en la práctica esa regulación. La negociación ya está "casi cerrada", afirmó ayer Ormazabal. "Ha sido un proceso largo y complicado, con dos años de conversaciones", resumió. "Ahora estamos en la fase de alegaciones". La norma foral afecta especialmente a la materia retributiva, a la definición de los requisitos y criterios de acceso a puestos de trabajo, y también permitirá aclarar los casos de incompatibilidades de todos los funcionarios.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de enero de 1999