A escasos metros de donde se reúnen todos los jueves los miembros del Tribunal de las Aguas en Valencia, la Unió de Llauradors i Ramaders-COAG escenificó ayer, en la imagen, un juicio a las políticas agrarias. Y el veredicto dictado por la comisión ejecutiva de la organización agraria fue unánime. Culpables. Tanto las políticas como los responsables de llevarlas adelante. La pena fue de libertad vigilada. El comportamiento de los condenados en los próximos meses, especialmente en lo que corresponde a la negociación de la Agenda 2000 -que recoge recortes en los presupuestos europeos de agricultura-, será determinante para el campo valenciano. PÁGINA 10
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 31 de enero de 1999