El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha desautorizado otra vez a la Subdelegación del Gobierno en Alicante, que denegó la exención de visado -documento imprescindible para que un ciudadano extracomunitario resida y trabaje en España- a una funcionaria argelina que huyó de su país al sentirse amenazada por el Grupo Islámico Armado (GIA). La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal valenciano apela a las "razones humanitarias" recogidas en la ley para apoyar la solicitud de la afectada, una secretaria de dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores magrebí que, en España, ha encontrado colocación como empleada del hogar. Según los magistrados, "las circunstancias sociopolíticas" en las que vive Argelia, "que inciden en el normal ejercicio de derechos y libertades", provocan un "temor fundado" al retorno en la súbdita de aquel país, que al aceptar un puesto de trabajo de cualificación inferior a su preparación refuerza la validez de su petición. Por todo ello, el TSJ, en base a las "circunstancias excepcionales" que concurren en el caso, anula la decisión de la Subdelegación del Gobierno, que ya ha visto revocadas varias decisiones en matería de extranjería.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 31 de marzo de 1999