Más de 30 viajes desde Noruega a Alicante y 10 años de suplicio jurídico han sido necesarios para que Kristens Follestad, un noruego que había adquirido una finca en la urbanización Villamartín de Orihuela, llevara hasta los tribunales al constructor Antonio Pedrera Sánchez por la supuesta invasión de su finca con tres construcciones. La Fiscalía solicita dos años de prisión por un delito de doble venta de terrenos. Al juicio acudieron ayer una treintena de personas, la mayoría noruegos que acudieron a Elche para solidarizarse "con las prácticas de timo" que padecen en la provincia", aseguró uno de ellos. El informe pericial confirmó que la urbanización colindante, de la que el constructor Pedrera es propietario, invadió la zona. El abogado del constructor, Luis Delgado, aseguró que no había establecido ningún contacto comercial con Follestad, y que la finca que vendió a otro súbdito noruego y luego compró Follestad, era de 1.000 metros cuadrados, según la escritura, y no de 1.500 como asegura la acusación. Los 500 metros en litigio son los que la urbanización vecina supuestamente se ha adueñado. El abogado de la acusación, Felipe Morera, estableció la cronología de los hechos: "Primero se denunció la invasión de los terrenos, y después se aprobó, bajo el mandato del alcalde de Orihuela Luis Fernando Cartagena, un plan parcial para la zona que fue denegado por la comisión territorial de Urbanismo. Al año siguiente, el PGOU de Orihuela arregló la situación de la urbanización". La lucha contra las administraciones ha requerido en más de una ocasión la intervención del Defensor del Pueblo y del Síndic de Greuges "ante la negativa del Ayuntamiento a facilitar documentos", aseguró Morera. Gerard Peret, en nombre de la Asociación Europea de Consumidores, anunció que presentará una querella contra el Ayuntamiento de Orihuela ante el fiscal anticorrupción de Alicante.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 31 de marzo de 1999