Las 50 enmiendas constitucionales que habían de reconocer los derechos indígenas, reducir el poder militar o modernizar la justicia en Guatemala fueron rechazadas el domingo porque su principal beneficiario, la mayoría indígena, que se abstuvo por apatía, ignorancia o lejanía de las urnas, permitió que triunfase la movilización de la derecha antigua, de los sindicatos patronales, la Alianza Evangélica o de corporaciones opuestas a las reformas. La abstención llegó al 81,4%. Del resto, de los que votaron, un 50,6% rechazó las reformas y sólo un 40,4% las apoyó.El escrutinio todavía es incompleto, pero el Gobierno y la oposición perdieron rotundamente. La mayoría de los electores apenas percibió la importancia de una consulta que pretendía superar las estructuras políticas, castrenses o judiciales, y las discriminaciones sociales, detrás de 39 años de sangre y barbaridades. Otros guatemaltecos permanecieron al margen por diferentes razones, entre ellas el fracaso de la campaña favorable al sí, una respuesta encaminada a dotar de soporte jurídico a los acuerdos de paz de 1996 entre el Gobierno y la guerrilla, o porque necesitaban ocho horas para llegar al colegio electoral.
Una indígena recorrió descalza 12 kilómetros para votar porque quería "una paz completa". En un país donde el 70% de sus siete millones de indígenas son analfabetos, el presidente, Alvaro Arzú, declaró que la gente desconocía las enmiendas sometidas a referéndum porque no leía los periódicos.
Ciertamente, la información publicada fue amplia, pero no motivó lo suficiente a una población indígena aún ajena, miedosa, sometida históricamente por los gobiernos criollos, acostumbrada a agachar la cabeza desde que el uso del quiché, el idioma de los mayas, quedara prohibido en las escuelas, o las religiones y usos de las 23 comunidades étnicas fueron tomadas como peligrosas supercherías.
La Constitución, alevosamente pisoteada desde su promulgación, prohíbe la discriminación y consagra la igualdad de las personas, pero sólo en un enunciado de principios que las enmiendas del domingo precisaban. El referéndum pretendía apuntalar el dominio civil sobre las fuerzas armadas y policiales, culpables del 93% de las 150.000 muertes y desapariciones registradas durante la guerra civil, y constatadas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Las reformas limitaban el poder presidencial, imponían un ministro de Defensa civil, eliminaban una unidad militar de espionaje, y establecían las bases de una justicia no comprometida con la impunidad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de mayo de 1999