La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco aprobó el pasado viernes en su comisión permanente un texto que recuerda a los magistrados de Guipúzcoa su obligación de colaborar en los registros legales que dicten los Juzgados Centrales de la Audiencia Nacional. Esta "prevención" busca así evitar que los jueces de esta provincia se amparen en la Junta Sectorial de Jueces de Instrucción de San Sebastián, que acordó el 26 de marzo "no proceder a la realización de aquellas solicitudes de cooperación jurisdiccional" que no cumplieran la normativa procesal. Los magistrados guipuzcoanos adoptaron esta decición en el transcurso de una reunión a la que asistió la juez-decana, Victoria Cinto, y en la que se criticó la "la persistencia de las irregularidades y los defectos formales" apreciados en las resoluciones de los juzgados centrales que autorizan las entradas y registros. El detonante fue la decisión de la juez Teresa Palacios de instar a los jueces instructores de la Audiencia de San Sebastián a inspeccionar la sede de HB, registrada el pasado 15 de marzo por la Guardia Civil. Pocos días después, el juez Baltasar Garzón anuló la orden. La prevención dictada por el Superior, que empezará a distribuirse esta semana, no es vinculante. Los jueces, gracias al principio de independencia jurisdiccional, podrán adoptar la decisión que juzguen conveniente en relación a las peticiones de colaboración, siempre y cuando estén razonadas. En todo caso, no podrán cuestionar jurídicamente los dictados ni interponer recursos contra las órdenes de registro de la Audiencia Nacional. Sólo la parte afectada podrá hacerlo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 18 de mayo de 1999