Las familias de Francisco Granado y Joaquín Delgado, ejecutados en 1963, han pedido el amparo del Tribunal Constitucional contra la resolución del Tribunal Supremo que rechazó el recurso de revisión solicitado con motivo de la confesión de dos compañeros de los anarquistas ejecutados, que se declararon autores de delitos por los que éstos fueron condenados.-
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de mayo de 1999