Cuando casi en el ecuador de la campaña la noticia de un posible plante de institutos alicantinos ante el intento de la Universidad Miguel Hernández de atraer mayor matrícula rebajando el ya de por sí escaso rigor de las pruebas de selectividad, compite ventajosamente, arrebatando la primera de este diario, con las prédicas y reclamos de los partidos concursantes es que algo no funciona como debiera. Que la democracia es, en su devenir temporal, normalidad y procedimientos rutinarios se da afortunadamente por supuesto. Pero de la normalidad a la abulia, por no decir el hastío, del cuerpo electoral algo habrá que imputar a las opciones en liza. Quizás la propia amalgama de elecciones a fecha fija obligaría a buscar entre ellas un hilo rojo, un nexo de unión entre las tres, que fuese fácilmente perceptible para el futuro votante. Y no parece tan complicado unir los problemas locales, sin perder las singularidades específicas, con los autonómicos y provinciales -¿alguien ha hablado hasta ahora de diputaciones, por cierto?, fuentes básicas de ingresos y proyectos municipales-, y éstos con los de una Europa que, presuntamente, debe ir en camino de convertirse en un espacio privilegiado para las regiones, beneficiarias de la parte del león en los presupuestos de la Unión Europea (las ayudas regionales suponen el 65% de los fondos estructurales y éstos son más del 40% del total). Por lo que percibo y escucho no parece éste el caso, aunque si vamos a la letra pequeña de los programas partidarios cierto es que encontraremos de todo, como en botica. Pero esto no configura el núcleo duro de los mensajes que a diario recibimos a través de los medios de comunicación. Y no hallo la respuesta al obligado por qué. Aunque, hablando de preguntas y respuestas, Teddy Kolleck, alcalde laborista que fue de Jerusalén durante más de veinte años y personaje influyente donde los hubiese en la política de su país, solía negarse a entrar en asuntos relacionados con otro ámbito que el estrictamente municipal, contestando amable, humilde y falazmente a su entrevistador que él era simplemente el hombre responsable de que funcionase la recogida de basura en las calles de su ciudad. Alegórico ejemplo que podrían seguir quienes llevan días colocando titulares sobre la reapertura de la Agenda 2000, la audaz exigencia para que una empresa multinacional traslade su sede o la necesidad de una urgente reforma del Código Penal, cuestiones todas ellas ajenas por completo a las competencias autonómicas. Aunque éstas son críticas pejigueras y nimias comparadas con las que cabe formular a quienes, desde el poder, no explican coherentemente su gestión y mienten descaradamente sobre el brutal endeudamiento -ya cercano al billón de pesetas- a que han llevado a esta comunidad, siguiendo el camino iniciado por el entonces concejal Olivas en el Ayuntamiento de Valencia: la renegociación permanente de la deuda con unos costes financieros que no podrán soportarse mucho más tiempo, máxime si los sumamos a las continuas operaciones de tesorería, a corto plazo y pagando lo que no está escrito con tal de salvar los compromisos. Pero ir tirando de prestado sin poder pagar, aparte de romper con la mayor interdicción presupuestaria que un gobierno pretendidamente liberal puede sufrir, como es el no traspasar la carga de la deuda a las generaciones futuras o, en su caso, hacerlo por inversiones que en su momento puedan compensar con sus rendimientos a quienes tendrán que pagarla, ya sean monetarios o en satisfacción y bienestar social -que no es el caso del gobierno popular- es simple y llanamente impedir cualquier posibilidad diferente en la acción de gobierno. Un atentado contra el principio de alternancia consustancial a un sistema de democracia representativa, puesto que quienes les sucedan tendrán las manos inversoras atadas durante un larguísimo tiempo. Es así como uno empieza a entender el tajante límite que Zaplana impone a su permanencia en el gobierno. Más allá de ocho años difícilmente se aguantará el tinglado financiero sin empezar a tener problemas a fin de mes con la nómina de los funcionarios. De ortodoxia presupuestaria ni entienden ni quieren, como dolorosamente tuvo que aprender el profesor Barea. Les basta con la gramática parda de nuestros clásicos, con saber que a la postre no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Por lo cual su gestión parece dictada por la convicción de que tras de ellos, el diluvio. Sólo que entonces será otro palo el que aguante los zurcidos jirones de la vela que van a dejar. Al tiempo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 6 de junio de 1999