La norma autonómica que regulará la "primera industria de Andalucía" en palabras del consejero de Turismo, José Núñez (PA), pasó su penúltimo trámite: el Consejo de Gobierno dio ayer su visto bueno al proyecto de ley de Turismo, redactado íntegramente por los andalucistas, y lo remitió al Parlamento andaluz. Núñez reclamó a la Cámara que fuerce la marcha para que la ley se apruebe antes del final de la presente legislatura y defendió que la planificación del sector recaiga en "el Gobierno andaluz, en colaboración con los ayuntamientos". El consejero matizó que su departamento, al elaborar el texto, ha tenido en cuenta que la actividad turística es "eminentemente privada".
El consejero de Turismo rescató ante los periodistas dos sólidos argumentos para insistir en que el proyecto de ley "se tramite lo antes posible". Recordó que los grupos parlamentarios han manifestado su compromiso para dar prioridad a la aprobación de esta norma autonómica (en el último Debate sobre el Estado de la Comunidad) y que los sindicatos y la patronal han mostrado también su apoyo al texto. "Para mí, el consenso es el mayor valor de este proyecto", resaltó Núñez. El deseo andalucista de sacar adelante en esta legislatura la ley de Turismo choca sin embargo con una restricción temporal: el Parlamento andaluz no reanuda su actividad hasta septiembre y en marzo (si no se adelantan las elecciones), deberá disolverse. La Cámara autonómica, además, debe hacer frente a un apretado calendario que incluye otro proyecto que el PA considera irrenunciable: la ley de Cajas. "Si hay tiempo para su tramitación, la ley de Turismo es prioritaria, pero no en lugar de otras sino junto a otras", explicó el consejero de Turismo. En todo caso, el consejero de Turismo dejó en manos de la Cámara el procedimiento para acelerar la tramitación del proyecto de ley. Los parlamentarios tienen la posibilidad de aplicar el procedimiento urgente (que acorta los plazos a la mitad) a la discusión del texto o incluso, como señaló Núñez, pueden acordar (por decisión unánime de la junta de portavoces) la lectura única del proyecto (sin opción a la presentación de enmiendas o modificaciones). Esta decisión, sin embargo, no parece viable, habida cuenta de las desavenencias expresadas por el grupo socialista sobre la falta de peso de los patronatos provinciales de turismo. Luz verde "La Junta no debe renunciar a marcar las directrices en materia turística", explicó Núñez quien señaló que el proyecto de ley refuerza la coordinación del Gobierno andaluz con "entes locales" y aclara "las competencias de cada organismo". En el PSOE , sin embargo, se considera que el texto no reconoce suficientemente la labor ni las funciones de los patronatos provinciales. De todas formas, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al texto redactado por los andalucistas sin apenas modificaciones, que habrán de esperar al trámite parlamentario. Ayer, Núñez resaltó que la función de los patronatos debe ser "ayudar a la promoción del turismo en pequeñas localidades, de menos de 50.000 habitantes". Los socialistas y los andalucistas, socios en el Ejecutivo andaluz, han manifestado también criterios distintos con las funciones de los nuevos inspectores autonómicos de Turismo, que tendrán amplias atribuciones para detectar irregularidades y proponer sanciones. Dirigentes del PSOE creen que, en su labor, este nuevo cuerpo puede absorber competencias de otros departamentos como Medio Ambiente o Salud. Fuentes socialistas reafirmaron ayer estas disparidades de criterio con el texto remitido a la Cámara, si bien el grupo parlamentario aún no ha decidido si planteará enmiendas. Los inspectores podrán pedir la imposición de multas para todas aquellas empresas que actúen en el sector y que no estén inscritas en el nuevo Registro de Andalucía de Turismo: se considerarán entonces clandestinas y podrán recibir una sanción de hasta 20 millones de pesetas. También se arbitran medidas para evitar perjuicios a turistas en caso de sobrecontratación de plazas hoteleras. Nuevos órganos El proyecto de ley recoge la creación de un organismo consultivo, el Consejo Andaluz del Turismo y otro de coordinación. Además se contempla la puesta en marcha de una Oficina de Calidad del Turismo (que velará por los derechos de los usuarios y canalizará sus reclamaciones) y de una Escuela Oficial de Turismo, como centro de formación. Núñez dejó al desarrollo reglamentario de la ley (que se concretará en un Plan General del Turismo que deberá aprobar el Gobierno andaluz en el plazo de un año) la concreción de algunas de las principales novedades del texto, como la posibilidad otorgada a la Junta de declarar zonas de preferente actuación turística. "Con este proyecto de ley llenamos un vacío de años", aseguró el consejero quien lamentó que "hasta ahora no haya existido ni siquiera un borrador" para la regulación del sector.
Municipios con "hecho diferencial"
"Será una especie de carné que recogerá un hecho diferencial". La definición del consejero de Turismo hace referencia a los municipios turísticos, una figura con la que el proyecto de ley quiere recompensar a aquellas localidades que, por su actividad, acogen durante largas temporadas a una importante población flotante. Estos ayuntamientos deben soportar un mayor esfuerzo financiero al no disponer de fondos de otras administraciones (que sólo reconocen el padrón), para dar servicios a los visitantes. Núñez aclaró que deberán ser los ayuntamientos, en pleno, los que aprueben por mayoría absoluta, la petición de ser considerado municipio turístico. El consejero no pudo precisar qué ventajas adquirirán los municipios con este "carné". "La ley no especifica las ayudas económicas, pero da la oportundidad a la Junta de Andalucía y al Gobierno central para asignarles fondos", indicó. El proyecto de ley tampoco recoge los criterios que se usarán para delimitar qué municipios podrán acogerse a la nueva figura, si bien el criterio que se desarrollará en el Plan General de Turismo, se basará en la población. Se tendrá en cuenta el peso de los visitantes en la población del municipio y también (para las localidades más grandes) la cantidad absoluta de turistas que utilizan los servicios municipales. El consejero explicó que las ciudades (poblaciones de más de 100.000 habitantes), tendrán un tratamiento especial, "diferenciado" en el Plan General de Turismo. "Se prestará atención a áreas específicas dentro de las ciudades", aseguró Núñez quien indicó que las grandes poblaciones, en materia turística, están más desagregadas que los pueblos. Núñez también indicó que su departamento está trabajando para elaborar "en un futuro próximo, un termómetro de calidad" de las playas, y que superará las condiciones sanitarias que normalmente rigen en las banderas azules para demandar a los municipios una completa oferta de servicios.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de julio de 1999