La Fiscalía ha abierto una investigación por si los locales de ocio de Las Arenas incurrieran en un delito contra el medio ambiente al, entre otras cosas, generar durante la noche un nivel de ruido muy superior al tolerable según las ordenanzas del Ayuntamiento de Valencia. Las pesquisas, que también depurarán las posibles responsabilidades del Consistorio, por tolerar la apertura sin licencia de varios locales, han sido incoadas a instancias de un residente en la zona.
La sección de Medio Ambiente de la Fiscalía se ha hecho cargo de la investigación, abierta tras la documentada denuncia presentada por un vecino del barrio que trasladó reiteradamente al Ayuntamiento de Valencia, sin éxito alguno, tanto la situación de ilegalidad en la que trabajan los locales de ocio de la zona como las molestias que éstas generan con su actividad. Según el denunciante, los establecimientos ubicados en el balneario de Las Arenas (dos terrazas que, pese a su nombre comercial, cierran a las seis de la madrugada) funcionan desde 1993 "sin tener la oportuna licencia de apertura" y "gozando de la permisividad del Ayuntamiento de Valencia", que no actúa ante "unos niveles sonoros desorbitados que han ido menoscabando nuestra salud ". Tan es así, que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana determinó, en junio del año pasado, que el Ayuntamiento presidido por Rita Barberá vulneró los derechos fundamentales de los demandantes al no resolver sus recursos administrativos ni poner solución a los problemas que aún sufren. Esa sentencia, que desestimó la indemnización solicitada por los recurrentes, no ha tenido efectos prácticos. Negligencia municipal El fallo aludido recuerda que las "discotecas (...) solicitaron licencia de actividad al Ayuntamiento en fecha posterior al inicio de su actividad", lo que revela "la negligencia" de la autoridad municipal, que ante "un hecho notorio y de tal evidencia" debió haber procedido al "cierre inmediato" de los locales de ocio. No ha sido así. Bien al contrario, este verano las discotecas (dos en vez de tres) vuelven a funcionar "sin tener la preceptiva licencia" y violando "nuestro derecho a la salud, a la vida y a la inviolabilidad del domicilio", reza la denuncia. De hecho, unas mediciones prueban que las discotecas producen entre 59,6 y 65,2 decibelios, cantidades que superan ampliamente el límite establecido en las ordenanzas municipales, de tan sólo 45. Ahora, el fiscal Joaquín Baños aclarará si el funcionamiento de estos establecimientos, con la anuencia del equipo de gobierno del Ayuntamiento (del PP) y la oposición del resto de fuerzas políticas, es delictiva. De entrada, el Código Penal establece penas de hasta tres años de prisión para "la autoridad o funcionario público" que permita el funcionamiento de una actividad ilegal. Las terrazas objeto de las pesquisas se han convertido, durante las noches estivales del último lustro, en el punto más concurrido de la noche de Valencia.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de julio de 1999