La reciente denuncia de un profesor contra la gestión de la orquesta y del Conservatorio Superior de Música de Valencia se suma a las investigaciones abiertas en 1993, 1994 y 1996 por la inspección educativa y el Registro Oficial de Auditores sobre la dirección del centro, la orquesta y la Asociación de Amigos de la Orquesta del Conservatorio. Todas ellas sugieren "irregularidades" mediante el trasvase de fondos del centro a la orquesta y concluyen que "debiera desligarse las actividades de uno y otro para evitar dudas". CC OO propone que la nueva Ley de la Música regule este tipo de orquestas y asociaciones.
Todos los informes oficiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS -dos efectuados por el Servicio de Evaluación e Inspección de la Consejería de Educación y otro más realizado por el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de España- hacen hincapié en los "elevados gastos", algunos de ellos insuficientemente justificados, llevados a cabo por el director del Conservatorio Superior de Música de Valencia, José Vicente Cervera, en determinadas partidas. Los informes también reflejan el uso de fórmulas como el "préstamo interno" para "pagos pendientes", utilizado como adelanto de los ingresos por tasas, pero que sólo es repuesto cuando se reciben las subvenciones de la consejería. Los informes profundizan además en la gestión de la orquesta de alumnos "dependiente de una asociación denominada Amigos de la Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Valencia", inscrita en 1991 en el Registro de Asociaciones de la Generalitat, con el número 4555 de la sección primera, previa solicitud de José Vicente Cervera, quien ostenta a su vez la dirección del Conservatorio. El domicilio de la asociación, inicialmente fijado en el Conservatorio Superior de Música, ha acabado coincidiendo con el del director. Según constatan cuatro funcionarios distintos de la inspección educativa, la finalidad de la asociación busca acceder a subvenciones de instituciones y organismos oficiales para posibilitar a la orquesta sus desplazamientos por España y el extranjero con motivo de sus conciertos. Algo que, finalmente, queda en entredicho a la vista del trasvase de dinero del Conservatorio a la Orquesta, y de ésta a la Asociación. Las subvenciones anuales de la orquesta rondan los 15 millones, sin contar los ingresos que recibe del Conservatorio en concepto de las clases que la orquesta del centro presta a sus alumnos. Esto supone otros dos millones de pesetas más con cargo a los presupuestos de funcionamiento del centro. Sin embargo, las partidas más destacadas en las auditoría recalan en "la elevada cantidad gastada en obras y reparaciones (casi 12 millones), al margen de la Unidad Técnica de Valencia", sin tener en cuenta que el Conservatorio contó con un presupuesto extraordinario del Servicio Territorial para la reparación de unos techos". Separar cuentas En conclusión, de los 36 millones de presupuesto con que contaba el centro en 1993 y 1994, los inspectores aseguran que las partidas "más significativas" (obras, cerrajería, taxis, pagos extraordinarios a conserjes, ropa del personal subalterno, etcétera), "representan casi las dos terceras partes del presupuesto del centro". En base a ello, hacen una clara recomendación: "Es conveniente estudiar el procedimiento mejor para evitar el solapamiento entre los presupuestos del conservatorio y de la orquesta". Y subrayan que "los procedimientos de adjudicación [en taxis sólo hay un beneficiario, y en obras siempre se benefician cinco empresas] no cumplen los requisitos previstos". Pero, sobre todo, inspectores y auditores hacen hincapié en que "la financiación de la orquesta de alumnos es atribuible al mismo centro, a pesar de contar con una gestión teóricamente independiente". CC OO, que considera necesario el funcionamiento de la orquesta, propone, sin embargo, que la nueva Ley de la Música regule este tipo de asociaciones y que se aplique la LOGSE de forma que se evite la posible gestión opaca en las enseñanzas de Régimen Especial.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de julio de 1999