La novela y el cine del género negro nos han familiarizado con personajes arquetípicos tomados de la crónica policial y judicial norteamericana durante los años de la ley seca y la depresión; un elemento característico de esos relatos literarios o fílmicos suele ser la venalidad de los policías, fiscales, jueces, alcaldes, gobernadores o congresistas sobornados por gánsteres y mafiosos a quienes rodean una corte de asesinos a sueldo y mujeres fatales. Las narraciones de Dashiell Hammett y Raymond Chandler y las películas de Howard Hawks y John Huston, ambientadas en la California, el Chicago o el Nueva York de los 20 y de los 30, reflejaron por vez primera los rasgos de la criminalidad organizada en un país económicamente desarrollado y políticamente democrático: Fernando Álvarez Uría y Gonzalo Martínez-Fresneda se han ocupado recientemente (Claves de Razón Práctica, número 93) del surgimiento y ascenso de la llamada delincuencia de cuello blanco como variante específica de ese género. Resultaba inevitable que comportamientos ilegales tan estrechamente correlacionados con la modernización social atravesaran el Atlántico y llegasen a las costas españolas. Así, el asesinato frustrado del turbio abogado Emilio Rodríguez Menéndez, víctima de un atentado inducido por su joven esposa y perpetrado por delincuentes profesionales, muestra que la naturaleza imita al arte en bastantes ocasiones: esa macabra historia de crimen, celos, adulterio y chantaje parece sacada del repertorio básico de argumentos rodados en Hollywood. Pero, si el caso Rodríguez Menéndez es una copia mecánica de las películas y novelas negras, algunos discípulos españoles de los delincuentes de cuello blanco americanos aventajan a sus maestros a la hora de utilizar al Estado. En la fórmula -digamos- clásica existía una nítida división de trabajo entre los capi de las organizaciones mafiosas y los titulares de los poderes públicos, entre los corruptores y los corrompidos: el soborno de políticos y funcionarios a título personal y la financiación ilegal de los partidos prolongan en la España democrática esa indecente tradición. Pero, si Al Capone o Johnny Torrio se conformaron con poner en nómina a los defensores de la ley para quebrantarla sin ningún riesgo, los nuevos tiempos aconsejan la ocupación directa y sin intermediarios del poder político.
José María Ruiz-Mateos creó una agrupación electoral para concurrir a las urnas y conseguir la inmunidad parlamentaria. Mario Conde jugó con la idea de saltar a la política y conquistar la presidencia del Gobierno. Jesús Gil y Gil ha llevado esa estrategia hasta extremos inverosímiles de audacia y descaro. Fundador de un partido denominado redundantemente GIL y alcalde de Marbella desde 1991, este estrafalario personaje con antecedentes penales ha extendido su influencia a varios municipios de la Costa del Sol, ha conseguido la mayoría absoluta en La Línea y ha estado a punto de controlar Ceuta y Melilla. El escrito elevado el 22 de junio al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el fiscal jefe de la Fiscalía Especial Anticorrupción, solicitando la adopción de medidas disciplinarias contra la juez decana de Marbella por incumplimiento de la normativa sobre incompatibilidades, hace un pormenorizado relato de las relaciones de Gil, como alcalde y como empresario, con el clan Santapaola (la Familia de Cosa Nostra dominante en Catania), con narcotraficantes del cártel de Medellín y con el padre de la juez Ramírez (socio y testaferro de los mafiosos italianos).
Ciertamente, el principio constitucional de la presunción de inocencia asegura que Gil no podría ser condenado por esos presuntos comportamientos delictivos sin una actividad probatoria suficiente. Pero esa garantía procesal afecta exclusivamente a las implicaciones jurídico-penales del escrito elevado por el ministerio público al CGPJ; no parece probable, en cualquier caso, que el fiscal Carlos Jiménez Villarejo tenga la imaginación y la fantasía suficientes para inventarse la existencia de Felice Cultrera, Gianni Meninno o Angelo Salamini y para denunciar a la juez Ramírez por no haberse abstenido en los procesos en que su padre, su hermano o su primo hermano defendían sus propios intereses o representaban a los capi de la Cosa Nostra en Marbella.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 7 de julio de 1999