El responsable del equipo de inspectores que escrutó exhaustivamente la financiación de los cursos de formación de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) entre 1993 y 1995 insistió ayer, en la segunda sesión de su comparecencia ante el juez y el fiscal encargados de investigar el caso, en las supuestas irregularidades en las que pudo incurrir la patronal valenciana. José Miguel Prados reiteró que, según los trabajos de la unidad antifraude aún operativa, la organización empresarial utilizó la doble facturación y no justificó debidamente varias líneas de subvención procedentes de la Fundación para la Formación Continua (Forcem). Ahora bien, según algunos de los abogados presentes durante su declaración, el inspector de trabajo no pudo justificar, a la vista de la documentación del sumario, alguna de sus conclusiones. Prados declaró ayer durante más de cuatro horas. Los letrados de cuatro de los cinco imputados en el caso -el ex secretario general de la CEV, Luis Espinosa; el ex presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (Cepymev), Césareo Fernández; y los ex secretarios generales de esa misma entidad, Jesús López y Javier Nájera- inquirieron al inspector sobre algunas contradicciones que detectaron en su informe. Por ejemplo, según las mencionadas fuentes Prados atribuye a la CEV el uso anómalo de fondos recibidos por Cierval -la patronal autonómica- y califica como doble facturación la existencia de recibos similares aunque no idénticos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 17 de julio de 1999