Afirma en su periódico Rafael Matesanz (23 de agosto de 1999) que la actual situación del Sistema Nacional de Salud (SNS) es bastante buena si nos atenemos tanto a los datos objetivos (inversiones, listas de espera) como a los subjetivos (percepción de los españoles). Avisa, además, que tal situación sólo es posible mantenerla, y mejorarla, implantando las llamadas "fundaciones públicas", basadas en la descentralización y la flexibilidad. Y todo ello lo hace apelando a argumentos de índole técnica y organizativa, dando por bueno el entorno en el que se desenvuelve el SNS (sociedad globalizada, desregulada, flexible, etcétera).Supongo que los lectores de este diario están al tanto de los efectos perversos ocasionados en el sistema sanitario por la implantación de ese modelo de gestión durante el Gobierno conservador británico y no es necesario incidir más en ello para cuestionar su argumentación técnica.
Sin embargo, yo quisiera exponer mi punto de vista (no tan cualificado en el plano de la técnica, pero igual de legítimo en la medida que se está discutiendo un asunto que se encuentra en el mismo corazón del interés general de las sociedades contemporáneas). Y parto para ello de una doble constatación.
De una parte, la coexistencia de dos subsistemas sanitarios: uno público, que requiere un gran esfuerzo financiero, organizativo y humano, y otro privado, que se beneficia del carácter universal del primero y en muchísimos aspectos ejerce como parásito del primero (asistencia restringida a grupos sin riesgo, desviación de pacientes y, por lo tanto, de recursos públicos, etcétera). De otra, la naturaleza misma del objeto del sistema: la salud, considerada en las sociedades contemporáneas como un derecho inalienable que, llevado a su último extremo, es incompatible con el móvil mercantilista que opera en la sanidad privada.
Por tanto, yo propongo una reorganización a todos los niveles, y no sólo del meramente organizativo. Pues, reconociendo la importancia de éste, existen otros problemas de índole política, jurídico-constitucional y social que si no son abordados con anterioridad no evitarán la erosión progresiva que la sanidad privada (a la búsqueda de valores seguros, sin riesgo) producirá inevitablemente en nuestro SNS.-
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* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 4 de septiembre de 1999