El mayor proyecto de desarrollo turístico e inmobiliario diseñado en la actualidad para el litoral que discurre entre Chiclana y Tarifa, en la provincia de Cádiz, se va encontrar con numerosas dificultades en su camino. La Junta anunció ayer que se opondrá a la iniciativa, que incurre en varias ilegalidades. El proyecto El Chaparral pretende actuar sobre 436 hectáreas en un paisaje protegido, pese a lo cual el anterior equipo de gobierno, cuyos responsables siguen al frente del Ayuntamiento, firmó un convenio con la sociedad promotora y recibió 75 millones de pesetas por adelantado.
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El alcalde de Tarifa y concejal de Urbanismo, Juan Andrés Gil, un tránsfuga expulsado de IU que gobierna con el apoyo de cuatro ediles del PP y cuatro de Tarifa Agrupación Independiente Popular (TAIP), frente a los ocho concejales del PSOE, que han sido desplazados a la oposición, anunció a este periódico que el equipo de gobierno pretende reactivar la operación el próximo otoño. La Junta advirtió ayer a través del delegado del gobierno andaluz en Cádiz, Francio Menacho: "Vamos a estar en contra de cualquier elemento especulativo que vaya en contra de las medidas de conservación de la zona. Sé que ahí hay intereses especulativos bastante grandes y vamos a estar muy encima". El convenio firmado entre el entonces alcalde tarifeño, José Fuentes (TAIP), hoy presidente de la Comisión de Urbanismo, y Francis Anthony Napoli, vecino de Gibraltar y apoderado de la sociedad Chaparral de Bolonia, con domicilio social en Estepona (Málaga), establece la obligatoriedad del municipio de recalificar el suelo, eliminando su calificación actual, no urbanizable, y convirtiéndolo en urbanizable programado, lo que permitiría construir un complejo hotelero con 1.200 camas y un campo de golf de 27 hoyos. La sociedad promotora afirma que invertirá 25.000 millones de pesetas y creará más de 600 empleos directos. El municipio recibió 75 millones de pesetas por adelantado en concepto de la venta a la sociedad promotora del 10% del suelo que obliga la ley a ceder al Ayuntamiento. Si el proyecto no progresa, Tarifa tendrá que devolver el dinero. Fuentes suscribió el convenio en enero de este año, cinco meses antes de expirar el mandato corporativo, pese a que tenía sobre su mesa un escrito del delegado de Medio Ambiente, Sebastián Saucedo, en el que le advertía de la posibilidad de incurrir en un fraude de ley. Medio Ambiente alertó al Ayuntamiento de Tarifa de que el suelo objeto del convenio goza de varias figuras protectoras: el Plan especial de Protección del Medio Físico; el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Frente Litoral Algeciras-Tarifa; y tiene además la catalogación de monte consorciado, ya que la Junta es la propietaria del vuelo (los árboles) de la finca. El alcalde expresó sus dudas sobre "el verdadero interés" de la Junta. "No quiero pensar que lo que hay es el interés por desarrollar antes una zona que otra", dijo en alusión a una operación de la Empresa Pública de Suelo para el desarrollo del núcleo Bolonia-Lentiscal.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de septiembre de 1999