Los abogados y la familia de Javier de la Rosa, en prisión provisional desde el pasado mes de octubre, intensifican sus acciones en favor de su libertad y la suspensión del primer juicio contra él en España, que está fijado para el próximo día 13 de octubre. En junio, su letrado, Francesc Jufresa, y su esposa, Mercedes Misol, presentaron una denuncia en la Fiscalía de Cataluña en la que insinuaban que De la Rosa podía estar siendo manipulado y presionado en la prisión de Can Brians, lo que le estaría causando un serio desequilibrio psicológico. Las investigaciones sobre esta denuncia han descartado esta hipótesis. El fiscal del caso Torras ha pedido que se conceda al financiero la prisión atenuada, mediante arresto domiciliario, a la vista de varios informes médicos que señalan que el financiero presenta un cuadro depresivo y de que no hace frente a la fianza de 5.000 millones de pesetas que le impuso la Sala de la Audiencia Nacional. La juez Palacios aún no se ha pronunciado. Además, existe otra fianza, tampoco cubierta, de 1.000 millones de pesetas, impuesta por el juez del juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, sobre quien se centran ahora las presiones. Ayer, Jufresa y Misol afirmaron públicamente que De la Rosa se encuentra en una "situación límite".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de septiembre de 1999