El presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, del PNV, se sumó ayer al coro de críticas nacionalistas a la decisión del Gobierno central de acercar a 105 presos de ETA. El ex consejero de Interior vasco se declaró "desilusionado y defraudado" con esta medida, porque no se ha tomado, a su juicio, para cumplir la legalidad vigente, sino con "una pretensión de capitalización política".
El presidente del Parlamento de Vitoria calificó la decisión del Gobierno central de "extemporánea", ya que el acercamiento de los presos de ETA "tenía que haberse producido mucho antes", en septiembre pasado, cuando la banda terrorista declaró la tregua, o hace años, cuando los partidos vascos lo reclamaron. Atutxa, quien en su etapa como consejero de Interior se caracterizó por enfrentarse directamente a ETA, lo que le convirtió en objetivo de varios atentados frustrados, aseguró que le produce "verdadera pena" que se transmita a la sociedad la idea de que esta medida se ha tomado "a cambio de algo", cuando no se trata más que del "mejor cumplimiento de la legalidad vigente". Se refería a las declaraciones del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, quien justificó la decisión como un gesto del Gobierno tras casi 15 meses sin muertos por parte de ETA. Este planteamiento, argumentó, es contradictorio con la idea que están repitiendo constantemente los partidos democráticos: la de que "la paz y el abandono de una vez por todas" de la violencia debe producirse sin que por ello se tenga "que pagar peaje alguno". El presidente del Parlamento subrayó, como ya dijo el portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, que las decisiones sobre política penitenciaria que adopte el Gobierno del PP deben estar presididas por el consenso con las fuerzas políticas y también con la Administración vasca. Atutxa aseguró que la ilusión con la que tomó las primeras declaraciones institucionales del presidente José María Aznar sobre la tregua de ETA se han ido convirtiendo con el paso del tiempo en "desilusión". Atribuyó esta pérdida de confianza al "inmovilismo" que ha demostrado el Gobierno del PP y a "determinadas reacciones del Ministerio del Interior", que le han "desilusionado y defraudado". También la coordinadora pacifista Gesto por la Paz y el Movimiento por el diálogo y el acuerdo Elkarri, firmante del Pacto de Lizarra, indicaron que la medida es claramente "insuficiente" y reclamaron del Gobierno "un plan continuado de acercamiento" de los presos de ETA, tal y como ha aprobado por amplia mayoría el Parlamento vasco desde 1994. Ambas organizaciones, con un lenguaje muy similar entre sí y al empleado el martes por el portavoz del Ejecutivo vasco, se preguntaron por la razón de la tardanza de una medida que se venía reclamando desde mucho antes de que ETA declarara el cese de los atentados. A través de una nota pública, Gesto por la Paz sostuvo que el Gobierno central, con esta medida "insuficiente y arbitraria, utiliza a los presos del colectivo de ETA como moneda de cambio en el proceso de paz". Tesis similares La coordinadora pacifista, aunque se muestra satisfecha por la decisión, critica que el acercamiento de los reclusos no se inspire en el deseo de cumplir el espíritu de la ley, sino en la "instrumentalización de las personas presas" para lograr otros beneficios, una tesis similar a la expresada ayer por Atutxa. Gesto por la Paz también teme que el actual clima de opinión conduzca a la confusión y "se identifique la política penitenciaria con la concesión de premios o castigos". Por su parte, la Diputación de Guipúzcoa, presidida por la coalición electoral PNV-EA, aprobó ayer una declaración institucional que rechaza "toda utilización política de los presos" y recuerda al Gobierno del PP su "obligación política de contribuir a la paz aportando humanidad con su política penitenciaria", y de "hacerlo sin perder tiempo". El diputado general, Román Sudupe (PNV), leyó el texto de cinco puntos en el que se insta al Ejecutivo central a que "cumpla la exigencia planteada por la sociedad vasca a favor del respeto a los derechos de los presos". Al tiempo que critica el uso de la violencia, el acuerdo adoptado por los diputados guipuzcoanos advierte de que "tampoco hay ninguna razón política que justifique la conculcación de los derechos" de los reclusos. Finalmente, llama a todos los ayuntamientos de Guipúzcoa a secundar una concentración de diez minutos que se celebrará el 17 de septiembre, al cumplirse el primer aniversario de la tregua, "en exigencia del cumplimiento de los derechos de los presos y en apoyo del proceso de paz". Por otro lado, el presidente de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco, Iñigo Urkullu (PNV), calificó la medida del Ministerio de Interior como un "gesto insuficiente", que responde a "una interpretación de que se puede tener a los presos como rehenes". No obstante, admitió que la iniciativa "del Gobierno podría ser un gesto positivo" si incide en el proceso de paz. Urkullu puso de relieve las contradicciones del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, quien recientemente declaró que, "mientras ETA no diera signos de haber cambiado, no iba a haber cambios en la política penitenciaria".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de septiembre de 1999