La policía de la provincia de Buenos Aires ha desarticulado una red que practicaba abortos y partos clandestinos y vendía posteriormente los bebés, algunos de ellos en Alemania. En una amplia operación policial llevada a cabo en la zona sur del Gran Buenos Aires, la policía descubrió tres consultorios clandestinos y detuvo a 14 personas, de nacionalidad argentina y peruana en su mayoría. Algunos de los detenidos son médicos diplomados, a otros se les había inhabilitado por prácticas ilegales y otros sólo pudieron exhibir títulos falsos.
El cabecilla de la organización clandestina era Plasencio Angulo, un médico peruano de 55 años con antecedentes penales. En los últimos 10 años, Angulo había sido detenido en otras tres ocasiones, siempre por hechos similares. El comisario Aníbal De Gastaldi, jefe de la Dirección de Investigaciones Complejas del Conurbano Sur, explicó que la organización descubierta practicaba abortos por un precio que oscilaba entre 500 y 1.500 pesos (entre 75.000 y 225.000 pesetas), según lo avanzado del estado de gestación.
Las mujeres de escasos recursos económicos que acudían a las clínicas clandestinas recibían la oferta de continuar el embarazo a cambio de vender los bebés. A través de escuchas telefónicas, la policía ha comprobado el tráfico ilegal de recién nacidos, con ramificaciones internacionales. Las ventas de bebés contaban con la connivencia de las madres.
Angulo fue detenido en un centro que funcionaba en la localidad bonaerense de Claypole, donde ocho mujeres esperaban en ese momento a ser atendidas. Los agentes encontraron una bolsa con un feto de entre seis y siete meses.
Los agentes realizaron también allanamientos en las localidades de San Francisco Solano, Quilmes, Florencio Varela, Lanús, Avellaneda y Lomas de Zamora, en las que detuvo a otras 13 personas y se descubrieron tres clínicas clandestinas en condiciones higiénicas deplorables, según la policía, en las que se practicaban entre seis y ocho abortos diarios.
Material pornográfico
En el operativo se confiscaron gran cantidad de instrumentos quirúrgicos y un considerable volumen de medicamentos. El comisario De Gastaldi explicó que en el domicilio del jefe de la banda los policías encontraron las paredes recubiertas con espejos y luces de colores, y se incautaron de numerosos elementos y artículos pornográficos. "Por los carteles y objetos que tenía en su casa y por el aspecto de los dormitorios, el jefe de la red clandestina parecía un desequilibrado sexual", comentó el jefe policial. La investigación, que dio como resultado la desarticulación de la banda, comenzó hace seis meses a raíz de unos anuncios con el texto "Consultorio médico con partera", en los que figuraban varios números de teléfono. Estos anuncios empapelaban varias calles de la zona sur del Gran Buenos Aires.
En uno de los centros clandestinos se halló la imprenta de donde salían los carteles publicitarios. Una combinación de escuchas telefónicas, seguimientos de personas y filmaciones permitió la localización del jefe de la banda, tras el que cayeron los demás miembros. Responsables de la policía argentina se reunirán en los próximos días con personal de la Embajada alemana en Buenos Aires para coordinar la investigación sobre las ramificaciones internacionales del tráfico de recién nacidos.
En Argentina, la interrupción del embarazo es ilegal, y, según establecen los artículos 85 y 88 del Código Penal, sólo está permitida en aquellos casos en que la vida de la madre está en peligro -el denominado aborto terapéutico- o cuando el embarazo es producto de una violación a una deficiente mental.
Sin embargo, frente al dictado de la ley, la realidad de los números indica que entre 350.000 y 400.000 mujeres abortan cada año en Argentina, o lo que es lo mismo, más de 1.000 cada día, según datos del Consejo Nacional de la Mujer, que depende del Ministerio de Salud.
Las estadísticas añaden que unas 200 mujeres fallecen cada año en abortos clandestinos. Los precios de dichas prácticas oscilan entre la gratuidad en los casos en que sólo interviene un curandero -cuyo final puede ser la muerte o la esterilidad de la mujer-, 800 pesos (120.000 pesetas) cuando actúa un médico, y hasta 3.000 pesos (450.000 pesetas) en los abortos en los que interviene un médico, un anestesista y un ayudante.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 9 de septiembre de 1999