Los servicios jurídicos del Estado presentaron ayer en la sección segunda de la Audiencia de Castellón el escrito de calificaciones provisionales en la causa abierta contra Joaquín Ferrándiz, que confesó el asesinato de cinco mujeres en Castellón. Una vez ultimado este trámite, se fijará la fecha del juicio, que según fuentes judiciales, podría celebrarse en noviembre. El abogado se ha reafirmado en la tesis de que el Estado no es responsable civil subsidiario en este caso. Ferrándiz se hallaba en libertad condicional en el momento de cometer los cinco asesinatos e intentarlo con otras dos jóvenes, por lo que la Fiscalía considera que el Estado es responsable por no vigilar al procesado. El fiscal del caso ha fijado en 140 millones de pesetas las indemnizaciones para las familias de las fallecidas, que deberá sufragar el Estado en caso de que Ferrándiz sea condenado y se considere responsable civil subsidiario al Gobierno. El argumento del fiscal se basa en que el acusado, para el que pide 163 años de prisión, no fue vigilado suficientemente a su salida de la cárcel tras una condena por violación y hubo una "desconexión" entre el juez de vigilancia penitenciaria, la comisión de control y las fuerzas de seguridad.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 23 de septiembre de 1999